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Según
la sentencia del 11-M el atentado fue obra material de un grupo yihadista,
sin que puedan identificarse sus inductores. El móvil de ese grupo se
funde –y confunde- con la finalidad genérica del yihadismo: “derrocar
los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición
cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el
imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical,
extrema y minoritaria". Algunos
medios de comunicación han visto en esa indeterminación un sesgo
favorable al PP: no se menciona a AlQeda, ni se reconoce al Egipcio y
otros islamistas como autores intelectuales, ni se señala como móvil de
la masacre la venganza por el apoyo de Aznar a la guerra de Iraq. Rajoy,
por supuesto, ha corrido a parapetarse tras esas apreciaciones. Se ha
felicitado por la sentencia, ha sacado pecho por la rapidez con que el
gobierno de Aznar empezó a detener islamistas y ha manifestado, una vez
más, que la cuestión del 11-M no formará parte de su agenda electoral.
Por
nuestra parte, entendemos que, desde un punto de vista técnico, la
sentencia se propone dos cosas. Por un lado, blindar y convertir en
inatacables las tres piezas claves de la versión oficial –una
furgoneta, una mochila hallada en una comisaría y una mina asturiana como
origen de los explosivos-. Por otro lado, depurar dicha versión de
elementos inconsistentes, incluso nocivos para su triunfo. Así, la
sentencia hace desaparecer parcialmente de entre sus piezas de convicción
el Skoda descubierto meses después del atentado, dada la fragilidad
extrema de esa prueba. Por otra parte, abandona el intento irrisorio de
presentar al Egipcio, un islamista marginal, mitómano y lenguaraz, como
cerebro del atentado. Las referencias a Al Qaeda son suprimidas por
novelescas e inconvenientes (no sin antes haber deslizado la posibilidad
de vínculos con esa red terrorista mediante la elección de Morata como
uno de los escenarios "virtuales" del 11-M). Y en cuanto a las
alusiones a la guerra de Iraq, es comprensible que un altivo magistrado de
mentalidad legal-burocrática no se digne descender a detalles de
coyuntura política. Para eso está Pepiño Blanco.
No
hay, pues, pasteleo. La sentencia es una sentenZia, con zeta de Zapatero.
Remacha lo fundamental de la tesis del PSOE acerca de la autoría
islamista y niega tajantemente la de ETA, sostenida por el gobierno del PP
durante los dos días que siguieron al atentado y apuntada de forma
vergonzante por algunos seguidores de Rajoy a lo largo de estos últimos
años. El PSOE no tiene intención alguna de pastelear, sino de dar caña.
Necesita hacerlo. Para renovar su
estancia en La Moncloa, Rodríguez Zapatero debe movilizar de nuevo al
voto que se sintió manipulado por el Gobierno del PP entre el 11 y el
14-M. Frente a este toro, y en el ruedo
de la sentencia de Bermúdez, los ridículos
trasteos de perfil de Rajoy sólo son preámbulos de la espantada. Pero
todo esto no es lo esencial. Una de las afirmaciones del Partido Nacional
Republicano ha sido la de “ni islamistas, ni etarras: los de
siempre”. La reiteramos. No aceptamos el falaz dilema –han sido ETA o
AlQeda- en el que se nos ha pretendido encerrar.
Con
la sentencia se pretende sepultar la verdad de un auto-golpe del Régimen,
dirigido a instalar a un gobierno de colaboración del PSOE y los
nacionalistas fraccionarios encargado de llevar adelante el desguace
confederal de España. Y se aportan municiones para un nuevo triunfo
electoral del PSOE que permita proseguir esa obra, que sólo ha dado sus
primeros pasos. Por
ello, la sentencia, más allá de ayudar al PSOE a combatir “la mentira
del PP” –la autoría de ETA-, se
dirige contra todos los que han comenzado a señalar la implicación de
sectores de los aparatos del Estado en la masacre o, como mínimo, en su
encubrimiento y en el encaminamiento de las responsabilidades hacia el
islamismo.
La
sentencia es la culminación por medios judiciales del golpe del 14-M. Ese
golpe no puede reducirse
al
atentado. Ha implicado operaciones de agitación mediática coordinadas,
tras las llamadas de
Zapatero
a varios medios de comunicación anunciado la existencia de suicidas en
los trenes. Actuaciones
policiales de ocultamiento de pruebas, siembra de pistas falsas y
detención de cabezas de turco.
La
sentencia se inserta en el golpe
de Estado judicial iniciado por Del Olmo con la autorización del
desguace
de los trenes y la destrucción de ropas y otros objetos. Bermúdez y sus
compañeros de tribunal no han dicho nada al respecto. Del
Olmo no instó diligencias contra los policías que ocultaron informes y
muestras relativos a los explosivos de los trenes. Tampoco lo han hecho
Bermúdez, Guevara y García. Del
Olmo aceptó que lo que había estallado en los trenes contenía “componentes
genéricos de las dinamitas”.
Bermúdez, Guevara y García han dado un paso colosal en su línea de
descubrimientos: en los trenes estalló “una dinamita tipo Goma”.
Esto abarca la Goma 2 ECO, la Goma 2 EC, el Titadyne, y otros.
Pero, a pesar de ello, consideran que se trata de Goma2 ECO ya que “está probado que todo o gran parte
se sustrajo de Mina Conchita”. No les embaraza en lo
más mínimo que en la pericia de lo que estalló en los trenes, ordenada
por el propio Bermúdez apareciesen componentes incompatibles con la Goma
2 ECO (DNT y Nitroglicerina), siendo Goma 2 ECO el explosivo industrial
utilizado desde hace años en mina Conchita. Más aún, en un intento de
justificar la presencia de Nitroglicerina en un foco de explosión de los
trenes, recurren a la idea de la “contaminación”, en Mina
Conchita, de la Goma 2 Eco con restos de Goma 2 EC, para lo que deben
tergiversar la composición de esta última, que no incluye Nitroglicerina
desde 1992.
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Bermúdez
se ha alineado con la última tesis expuesta en el juicio con el fiscal
jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. "Da igual el
explosivo que se utilizase para perpetrar la masacre, porque hay
suficientes pruebas a parte de ésta”. ¿Cuáles son esas pruebas?
Bermúdez “infiere” la naturaleza de lo que estalló en los trenes, a
partir de la Goma2 ECO hallada fuera de los trenes (en la furgoneta kangoo,
Mochila de Vallecas, Chinchón y Leganés). Para
ello, Bermúdez debe comerse, al igual que hizo Del Olmo, la furgoneta ya
llena en Alcalá, la mochila voladora de Vallecas y la noche de los
muertos vivientes en Leganés. Sobre
la Renault Kangoo, la sentencia dice que no se puede demostrar que los
terroristas se trasladaran en ella a la estación, para colocar las
bombas. Sin embargo, tras descartarla como medio de transporte, da validez
a los objetos que en ella se encontraron y enaltece la "escrupulosa
actuación de la Policía". La
virtualidad probatoria del Skoda Fabia ya estaba devaluada en la
instrucción de Del Olmo. Bermúdez ha seguido en esta dirección pero, al
igual que hizo Del Olmo, se abstiene de deducir testimonio para averiguar
quién colocó esa prueba falsa. La
bolsa de Vallecas es la pieza primordial de la sentencia. Según la
misma, contenía el explosivo -Goma 2 ECO-, el teléfono y la tarjeta
que desencadenaron la investigación en dirección hacia Mina Conchita y
la detención de los autores materiales del atentado. Bermúdez la
considera una “prueba
auténtica”, cuya cadena de custodia se halla
plenamente acreditada. Sin embargo, no fue vista por los equipos
policiales que rastrearon varias veces la estación de El Pozo, de donde
se afirma que procedía la mochila, ni en la operación de carga de
efectos en los bolsones, en la que no se hizo inventario, ni en lo que
el mismo Bermúdez llama “extravagante
periplo” de esos efectos hasta la comisaría de
Vallecas. Poco le importa, además, que lo
aparecido milagrosamente en la comisaría estuviese cuidadosamente
dispuesta para no estallar. En
cuanto a los inculpados, es difícilmente superable la síntesis de una
portada de The Times:
"191
muertos y miles de heridos; pero no hay condenas de autores
intelectuales. Unos pocos traficantes y delincuentes de pacotilla se
comen el marrón". El
grueso de los potenciales culpables designados en el sumario se dice que
están muertos. Cuatro eran mangantes y traficantes de drogas; otro, un
becario, y dos ex presidiarios. No se suicidaron con las bombas en los
trenes, para asegurar su acción y demostrar su fe mediante el martirio,
como cabe esperar de un yihadista. Al parecer lo hicieron un mes más
tarde en un piso de Leganés que había sido utilizado repetidamente por
los servicios secretos en operaciones de narcotráfico, y después de
dar tiempo al desalojo de la vecindad. Establecida
la tesis del suicidio, todo está claro en el poderoso engranaje mental
de los miembros del tribunal: el hecho de que los “islamistas” se
suicidaran, es razón suficiente para afirmar que pusieron las bombas de
los trenes. En cambio, a Abdelmajid Bouchar, que se salvó del
“suicidio colectivo” porque bajó a tirar la basura, no se le
condena como autor material. ¿Hubiera establecido la sentencia que él
también perpetró el atentado en caso de haber fallecido en el
piso? Al
final, quedan tres condenados. El principal, a título de “cooperador
necesario”, es un asturiano que apenas ha trabajado a causa de una
incapacidad por esquizofrenia. Se trata de un confidente disciplinado,
que se comunicaba con su controlador hasta en el viaje de bodas. Los
otros dos son un traficante de hachís de baja estofa, ajeno a toda
ideología fundamentalista, y un socio de un pequeño locutorio
telefónico de Lavapiés, sin lazos probados con el islamismo ni
contactos con el resto de inculpados, reconocido en cuatro puntos
de los trenes a la vez. Con
todo lo anterior quedan patentes dos extremos. En
primer lugar, se confirma que en España no hay justicia independiente;
que el llamado Estado de Derecho se reduce a un régimen
oligárquico de partidos. Y que al servicio de ese régimen está una
legión de paniaguados dispuestos a manchar sus togas con el polvo del
camino. En
segundo lugar, queda también patente el fracaso de la estrategia
“judicial” seguida por todos los sectores opuestos a la versión
oficial que han confiado en el vigente sistema de justicia, confianza
derivada de su adhesión al régimen de 1978. Esta estrategia se ha
revelado grotesca y suicida. La
lucha por el esclarecimiento del 11-M no es una partida de ajedrez ni
una tarea de picapleitos. Es un esfuerzo político
frente al régimen vigente, en el que carece totalmente de sentido
tratar de influir a los jueces, meros lacayuelos de la partitocracia. Esa
lucha es, por tanto, la tarea de un movimiento de oposición
democrática a la actual situación. Y como ésta no es en absoluto
democrática, el movimiento por la verdad del 11-M no puede ser un
movimiento de oposición leal. No puede respetar, ni acatar, ni comulgar
con las reglas del régimen. Debe tan sólo utilizar sus posibilidades
pragmáticamente -las libertades que aún quedan, de forma cada vez más
precaria-, y explotar con total desapego sus contradicciones. Frente al régimen del crimen y la patraña, hay que levantar un movimiento político de esclarecimiento del 11-M basado en la investigación y divulgación de la Verdad. Pero ésta no es suficiente sin la Fuerza. Una fuerza que sólo puede provenir de la movilización cada vez más amplia en la calle. Movilización con mensajes de esperanza, sin el aire funebrero de los memoriales. Movilización dinámica, bajo el signo del patriotismo y la democracia auténtica, sin formatos deprimentes.
Secretaría
General del Partido
Nacional Republicano Noviembre de 2007
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