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Con su victoria, el PSOE retoma el
encargo de liderar la metamorfosis del régimen, su reformulación pluri-nacional,
acelerada tras el 11-M, y que quedó incompleta en la pasada legislatura.
Un segundo tiempo para la “segunda transición”. Ahora Zapatero
culminará la ocupación del llamado Poder Judicial, afianzará la
legalidad del Estatuto de Cataluña, extenderá su modelo al País Vasco,
al que entregará Navarra, y a Galicia y abrirá una nueva ronda del
“proceso de la paz” con ETA. En suma, dará los pasos decisivos para
convertir a lo que queda de España en un protectorado de los
nacional-racistas vascos, catalanes y gallegos, bajo la forma de un
confederalismo de factura medieval en el que los españoles
definitivamente pasaremos a constituir una categoría de siervos. Todo
ello sin olvidar los avances, que ya se producen subrepticiamente, hacia
la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos, a través de alguna fórmula
intermedia de co-soberanía.
Zapatero
es muy consciente de que su hoja de ruta se ha complicado con la
interferencia de la crisis económica. Por ello, oculta sus dimensiones.
La presenta como una simple “desaceleración transitoria”, limitada a
la construcción, Un “paréntesis” que será superado en dos años.
Para afrontarla en el corto plazo, propone
“medidas de choque”: los cheques electorales –principalmente la
deducción de 400 euros en el IRPF para los pensionistas, sectores de
asalariados y autónomos- y al intento de hacer levitar de nuevo al
moribundo negocio del ladrillo. Todo ello a cuenta del superávit
acumulado en los últimos años. Son parches de efectos efímeros. El
superávit, que se reduce a la Administración central y a la Seguridad
Social, dejará de absorber en breve el impacto que una menor actividad
en la economía tiene ya sobre los ingresos públicos, así como los
gastos de protección social provocados por el continuo aumento del
desempleo. Las consecuencias son claras: miente Zapatero cuando proclama
que ni subirá impuestos ni impondrá recortes sociales.
A
medio plazo, propone elevar la inversión en obra pública, ante todo en
infraestructuras del transporte. Pero no existe margen presupuestario para
serias políticas keynesianas de inducción de la demanda desde la
actividad del Estado. En cambio, sí le resulta posible a Zapatero
preparar condiciones para reanimar la oferta. Sabe perfectamente que el
capital no volverá a invertir hasta que no esté lista la purga que le
permita un relanzamiento de sus tasas de beneficios. Y esto significa
mantenimiento de la presión de la inmigración –que Zapatero considera
ya como un factor “estructural”- sobre las condiciones de trabajo de
los españoles, bajada de la fiscalidad sobre las rentas del capital y
reducción drástica de los costes laborales. Por ello, una de los
aspectos más significativos del discurso de investidura de Zapatero ha
sido la propuesta de “un gran Acuerdo Económico y Social que abarque,
desde luego, al mercado de trabajo”, para el que serán convocados los
empresarios y los sindicatos. En aras de la “competitividad” se
preparan pactos inter-burocráticos que dejarán baldados a los
trabajadores españoles.
El
triunfo electoral de Zapatero le ha catapultado a una nube de
omnipotencia. A su propia fuerza electoral espera añadir la reserva de
los 800.000 votos que le restan a una IU en caída libre. A pesar de ello,
en aras del talante, ha propuesto pactos a gogó. Ante todo, al principal
partido de la oposición. Pero, a la vez, ha recordado a ese partido que
los pactos “deben ser incluyentes de todas las identidades”. Pactará
con uno o con otros según le convenga. Pero está con razón convencido
de que podrá contar incondicionalmente con el PP para muchos “temas de
Estado”, Ante todo, para descargar la crisis económica sobre los
trabajadores.
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Nunca
hemos albergado dudas acerca del triunfo electoral del PSOE. Más aun:
ya en enero de 2008 dábamos por descontado que ETA, para favorecer a
Zapatero, intervendría en la campaña electoral con algún
atentado. Pero la más importante ayuda a Zapatero ha sido la aportada
por Rajoy.
A
lo largo de la pasada legislatura, denunciamos reiteradamente la adhesión del PP al curso de reformas estatutarias; su
acatamiento de la sentencia de “punto final” sobre el 11-M. Y,
finalmente, su disposición a la “derrota de ETA” del brazo de los
colaboradores con la misma, secundando
los llamamientos del Borbón al “consenso” y “unidad de los demócratas”.
En los debates televisados de la campaña electoral, Rajoy
llegó a calificar a Zapatero de mentiroso 14 veces. Pero, a la vez, fue
aparcando toda discusión sobre el modelo de Estado, los procesos
estatutarios, la lucha antiterrorista, etc. Optó por farfullar cifras y
datos sobre “lo que preocupa a la gente”: la
inflación subyacente, la cesta de la compra, el porvenir de una
niña políglota y diestra en informática, etc. Con ello, se hizo
evidente ante muchos que el PP en modo alguno constituía una
alternativa al gobierno del PSOE.
Luego Rajoy se fue de vacaciones y, al regresar, durante el
debate de investidura, le vimos pidiendo disculpas por existir: “por
favor, señor Rodríguez Zapatero, yo lo único que hago es cumplir con
mi función de oposición”. Fue un Rajoy servicial hasta el
servilismo. Preocupado, ante todo, de no “crispar”: “ya he
anunciado que en los próximos días presentaremos
un paquete de medidas económicas por si a ustedes les sirve y, si no
les sirve, tampoco pasa nada...”. Decidido a “mirar
adelante”, en nombre de un “nuevo clima de confianza”, y a acudir
presuroso a todas las propuestas de pacto que le ofrezca un hombre al
que hace bien poco denunciaba por haberle engañado sistemáticamente.
El
Partido Nacional Republicano entiende que es preciso mirar la realidad
cara a cara y decir la verdad, por amarga que sea. La Nación es una
comunidad ética, jurídica, política, económica y afectiva que se
integra mediante el Estado. Pero el Estado que desde 1978 presume de
integrar a la Nación española, en realidad la ha precipitado en la
desintegración. España ya no existe como Nación. Todo lo más,
existen españoles de convicción y emoción.
España
es hoy un solar donde, además de ese sector de patriotas españoles,
acampan nutridas huestes de
antiespañoles furibundos, masas desnacionalizadas -únicamente atentas
a que nada perturbe la pazzz de su “sociedad civil”-, y amplios
conglomerados de plebe subsidiada.
El
pueblo español, entendido como entidad política, como sujeto de
soberanía, es algo que está por constituir. Y esto sólo podrá
realizarse a través de la lucha. Nos referimos a la acción directa de
masas. El cretinismo electoral bajo el vigente régimen sólo servirá
para prolongar la pérdida de España. Sólo la lucha directa es útil,
aunque sólo sea para resistir, como ha demostrado la huelga de los
funcionarios de justicia.
Probablemente
esa lucha arrancará con dificultad pues exige unos mínimos soportes de
tejido asociativo, hoy inexistentes. Las plataformas que animaron las
grandes movilizaciones de 2005-2007 fracasaron finalmente por sus
ilusiones en la Constitución del 78. Un nuevo salto adelante implica
posiciones de ruptura democrática con la monarquía, con su gobierno y
con su oposición, para el avance hacia
la III República española
Pongamos manos a la obra desde hoy mismo.
Secretaría
General del Partido Nacional Republicano
Abril
de 2008
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