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Redacción.- La política laboral de los gobiernos del PSOE y del PP ha
tenido idéntico objetivo: poner a disposición del capital un amplio ejército
laboral de reserva que presionase a la baja las condiciones de trabajo,
favoreciendo el alza de la extorsión de valor del mismo, tanto absoluta
(contención salarial, horarios abusivos, etc.), como relativa
(intensificación de su explotación científica). Esos gobiernos han
perseguido siempre la misma finalidad: la desvalorización del trabajo y
la generalización de una estructura salarial flexible que permita a las
empresas modular las remuneraciones según los altibajos de su tasa de
beneficio. Para ello se han servido de sucesivas reformas laborales que,
invariablemente, giraban en torno a dos ejes: precariedad en el empleo y
abaratamiento del despido. Y en el último periodo, sobre todo a partir
de Aznar, el ejército laboral de reserva ha pasado a engrosarse merced
al expediente de la inmigración masiva y descontrolada.
Ya en 1984, el PSOE propinó un fuerte impulso a la
“flexibilidad del mercado de trabajo”, estableciendo hasta 16
modalidades de contratos espúreos. Como fruto de esa política, la
precariedad experimentó un significativo ascenso, llegando a englobar a
un tercio de los asalariados. Sin embargo, los intentos del ejecutivo de
Felipe González encaminados a la aceleración de ese proceso, toparon
con la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.
En 1994, el desempleo masivo alcanzaba casi al 25% de la
población activa. Amparado en el clima de inseguridad creado por esta
situación, el PSOE se creyó en posesión de la fuerza suficiente para
imprimir nuevos avances en la precariedad del empleo y en las
posibilidades del despido. Para incrementar la precariedad, estableció
nuevas figuras contractuales degradadas, como la de aprendizaje, un
contrato “basura” que reintroducía por la puerta de atrás el plan
de empleo juvenil que había provocado la huelga de 1988. Y en aras de
una mayor facilidad para los despidos, se procedió a una ampliación de
las causas de los “despidos
individuales objetivos”, con la ayuda de conceptos tan indeterminados
como “las necesidades organizativas y de producción”. A la
vez, pasaron a tipificarse como despidos individuales
los colectivos que no supusieran más del 10% de la plantilla, hasta un
máximo de 30 trabajadores. La legalización de las empresas de trabajo
temporal, las siniestras ETT, fue la culminación de esta fase.
Llegado Aznar, y para cumplir a rajatabla los criterios de
Maastricht, decretó en 1997 una nueva reforma que, como novedad, contó
con el amigable respaldo de CCOO y UGT, pese a que prolongaba la
orientación de los gobiernos anteriores. Así, el abaratamiento del
despido experimentó un sensible progreso: se ampliaron las
posibilidades de aplicar el aberrante despido individual/colectivo
instituido en 1994. Paralelamente, para “estimular la contratación
indefinida”, se instituyó una nueva modalidad contractual, para jóvenes
y parados de larga duración, con una indemnización por despido
improcedente de 33 días por año y un tope máximo de 24 mensualidades,
en lugar de los 45 días por año trabajado y 42 meses de los contratos
indefinidos normales. Pero lo más destacable de esta etapa fue el
aliento de una formidable oleada inmigratoria que supuso la entrada de
un millón de ilegales. Ello
permitió miserables formas de explotación del trabajo clandestino de
parte de ese sector y, en su conjunto, un ariete demoledor de las
condiciones de trabajo de los asalariados españoles.
Tras el triunfo de Rodríguez Zapatero hemos tenido dos
cosas. Por una parte, una nueva regularización de inmigrantes ilegales
que ha incentivado avalanchas cada vez más imparables. Lejos de
“dejar el contador a cero”, la cifra de inmigrantes ilegales se
aproxima al millón y medio pocos meses después de la regularización.
Y esto que apenas ha comenzado a producirse el reagrupamiento familiar.
Derecha e
izquierda, la misma m…La izquierda ya no se identifica hoy con
proyecto socialista alguno, ni siquiera con el de la socialdemocracia.
Derecha e izquierdas son sólo dos caras del dispositivo político del
capital. Sus reformas laborales abrevan en la misma charca neo-liberal.
Contra ambas deberá alzarse la lucha de los trabajadores en nombre de
un socialismo mayor de edad.
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Lo que ha hecho el ministro Caldera es poner altavoces en
medio mundo asegurando que en España se trabaja poco, te pagan bien, te
dan papeles, seguridad social, sanidad y educación, con sólo reunir
algunas condiciones –que, en muchos casos, se pueden “acreditar”
fraudulentamente-. Incluso acaba de afirmar que se estudiará la
posibilidad de otorgar permisos para aquellos inmigrantes indocumentados
cuya expulsión presente dificultades. Por otra parte, Caldera es el artífice
de otra reforma laboral cuyo objetivo principal se cifra, como siempre,
en el abaratamiento del despido, a lo que se ha sumado la disminución
de las cotizaciones empresariales.
Si esta reforma laboral se ha distinguido por algo es por la
repugnante trapacería de sus formas, por el ocultismo de que han hecho
gala el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios a la hora de
pergeñarla. En cuanto a sus contenidos, no hace más que consolidar, e
incluso agravar, el
modelo de relaciones laborales precario.
De entrada, persiste toda
la maraña de artilugios urdidos durante los últimos veinte años para
anular los derechos laborales: contratas y subcontratas,
franquicias, contratos de agencia, falsos autónomos, becariado,
teletrabajo, etc. ¿Dónde
está, entonces, la novedad? En
el intento de generalizar el contrato indefinido con indemnización por
despido de 33 días por año trabajado.
Esta medida, que Rodríguez Zapatero ha calificado de "histórica",
significa que los empresarios podrán seguir realizando cuantos
contratos deseen por medio de contratas y subcontratas; pero, a la vez,
dispondrán de un nuevo recurso: la “cuasi universalización” del
contrato de fomento de empleo inventado por
Aznar y que ahora se les subvencionará durante 4 años,
transcurridos los cuales podrán despedir
libremente y por cuatro perras.
Además, la nueva reforma elimina los Expedientes de Regulación
de Empleo, “descausalizando” los despidos colectivos, que quedan
asimilados a los individuales. Los empresarios podrán despedir a
decenas de trabajadores sin tener que rendir cuentas a nadie.
Por otra parte, no sólo se aumentan las bonificaciones a los
empresarios que opten por el contrato indefinido-basura. Al mismo
tiempo, se les disminuye sus cotizaciones a la Seguridad por desempleo y
al Fondo de Garantía Salarial.
Por ultimo, como otro aspecto destacado, se eliminan los
sobrecostes que soportan las ETT en concepto de indemnizaciones por fin
de contrato y cotizaciones al desempleo y se amplia el abanico de
categorías laborales donde pueden actuar, hasta ahora restringido a
determinadas categorías profesionales y actividades peligrosas.
Aznar
demostró lo que puede hacer un gobierno de derecha. Ahora Rodríguez
Zapatero revela que la política laboral de izquierda consiste en
subvencionar a los empresarios con el dinero de los trabajadores para
que transformen los contratos eventuales en fijos. Con el añadido de
que esa subvención tiene un límite, tras el cual el empresario puede
volver a cambiar tranquilamente el tipo de contrato o decidirse por un
despido que le sale gratis. El despido costará 33 días por año
trabajado, que el empresario podrá abonar cómodamente con las
bonificaciones recibidas. Así, se convierte
de hecho en eventuales a todos los trabajadores mediante la reducción
de indemnizaciones y la transferencia de sus rentas al capital. Lo
que se nos quiere vender como un beneficio para los trabajadores supone
en realidad la creación de un nuevo contrato laboral a la medida de las contratas; la
generalización de una falsa contratación indefinida subvencionada a
costa nuestra e irrisoria en su despido, y la individualización del
despido sin causa y sin revisión por el Juez de lo Social.
Agosto
de 2006
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