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Redacción.-Es
habitual al ojear el periódico de cada día
conectar la TV o la Radio, encontrarnos con la noticia de que unos
cientos de inmigrantes subsaharianos han
llegado en cayucos a las costas del litoral
español. Aunque el puerto más concurrido es el de las islas Canarias, también
son invadidos puertos de Andalucía, Murcia
y Las islas Baleares. A estos dos últimos
destinos arriban por medio de barcos nodriza, que descargan los cayucos
en las proximidades de la costa. Se debe contar, además, a los
inmigrantes que llegan desde Suramérica en avión, como turistas. Y no
en menos cantidad, vienen inmigrantes
procedentes del Este, que atraviesan la frontera de la Junquera,
sabiendo que hay órdenes de las autoridades francesas de no devolverlos
atrás y sólo unos pocos efectivos de la policía española para
controlar el paso. Aquí, con el pretexto del desbordamiento producido
por la avalancha inmigratoria, la policía
tiene la orden de no detener a los que deambulan por las calles, a no
ser que les sorprendan cometiendo un delito. Hasta el mes de Agosto han
llegado a las costas de las Canarias 18.000 inmigrantes, de los cuales
mas de 11.000 han sido trasladados a la Península,
para descongestionar el colapso que sufren las instalaciones de las
Islas. Esta cifra supone tres veces más
que los derivados en todo el 2005, según datos del Ministerio de
Interior. Estos
“sin papeles” se distribuyen por Madrid, Málaga,
Murcia y Comunidad Valenciana en desigual reparto: el 85% de los subsaharianos
es enviado a autonomías del Partido Popular
en una política premeditada para crear problemas al adversario. La
consejera de inmigración de Madrid, Lucia Figar,
afirma que su región recibe el 65% de los traslados, mientras que
Cataluña recibe el 6% del total. Cuando Rodríguez
Zapatero estaba en la oposición, incorporó a sus discursos sobre el
programa electoral un espacio a la inmigración.
Reiteró su deseo de consensuar una política de
Estado para este tema fundamental. Ahora, cuando lleva más
de media legislatura, su única aportación ha sido la regularización
del pasado año, con el consiguiente efecto llamada. Así
pues, el gobierno carece de propuestas y respuestas, aparte de los
irrisorios tours, de cara a la galería, del ministro de Interior por el
África Tropical. Sus movimientos van por
detrás de los acontecimientos. Y estos no son otros que los 500.000
inmigrantes que llegan todos los años a España,
en su gran mayoría sin permiso de
residencia. ¿Que
propone el PP frente a este gran problema? Un único responsable ministerial que aglutine
las competencias en inmigración y más dinero para las Comunidades Autónomas.
PP y PSOE han practicado políticas
desastrosas respecto a la cuestión migratoria: tras esto hay no sólo
negligencia y vacua palabrería humanitarista, sino sobre todo el interés
de dotar al capital de mano de obra barata.
Según un
reciente estudio de La Caixa la economía española debe a la inmigración
el crecimiento de estos últimos años. Pero este crecimiento económico,
que ha supuesto un aumento en los beneficios empresariales, no se ha
traducido en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores
españoles. En el año 2005 la remuneración real de los asalariados se
redujo en casi un 1% y en lo que va de año un 1,4% (en términos
interanuales). Es decir, a pesar de que la economía ha crecido, los
asalariados están cada vez peor pagados. Se registra un descenso en los
incrementos salariales que ha coincidido con las regularizaciones
masivas de inmigrantes realizadas por ministro Caldera. Este
efecto negativo de la inmigración sobre los salarios de los
trabajadores nacionales no es un fenómeno puntual del momento, ni se
limita a España. La mayoría de las investigaciones sobre inmigración
realizadas en diversos países hasta principios de los años noventa
reflejaban ya un efecto negativo de la inmigración sobre los salarios,
que se hacía notar más en Europa que en EEUU.
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Ante esta situación, -
De entrada, se impone la repatriación inmediata de todos los inmigrantes
ilegales a sus países de origen. Quien entra a las bravas sin respetar
las leyes, debe ser expulsado. No hay duda de que las dificultades que
conlleva la repatriación de indocumentados,
así como las que ponen los países receptores, paralizan el proceso.
Por lo tanto, hay que adoptar medidas que eviten el que deambulen por la
calle y caigan en manos de redes de explotación y delincuencia. Se
impone la necesidad de reagruparlos en centros para la realización de
trabajos públicos. Se dirá, ¿con qué dinero se monta esto? La
respuesta es bien sencilla: con el mismo dinero que nos cuesta la atención
de un inmigrante al año, 10.000€ según los últimos estudios.
Mientras, se debe seguir intentando su repatriación. -
Desde estas páginas, hemos sostenido que la inmigración
ilegal plantea un problema de soberanía. Se debe dotar de medios
suficientes no sólo a las fuerzas de seguridad, sino también a los ejércitos
para que puedan controlar nuestras fronteras desde tierra, mar y aire,
para persuadir a los inmigrantes de sus intentos de allanar nuestro
territorio y, en su caso, para escoltarles a sus lugares de origen. -
Debemos de oponernos a que desde organismos oficiales se siga
facilitando a los inmigrantes ilegales documentos públicos, tales como
certificados de empadronamiento, tarjetas de la Seguridad Social, e
incluso documentos de ahorro subvencionados con dinero publico, como
abonos de transportes; es decir, todos aquellos documentos que después
sirven para regularizar su situación e incluso solicitar ayudas públicas. -
Denegación del acceso de los inmigrantes ilegales a los
servicios sanitarios, salvo en casos de urgencias. Si bien, en tales
casos, deberá repercutirse el coste de estas intervenciones a los países
de procedencia de los inmigrantes, presentando las facturas que procedan
en las embajadas correspondientes. -
Reducción drástica de la inmigración legal, limitándose a
supuestos de estricta necesidad y a criterios de compatibilidad
cultural. La estancia de inmigrantes debe de justificarse tan solo por
la necesidad temporal e imprescindible de ciertos trabajos. Tiene que
vincularse a contratos para servicios determinados, con precisa
delimitación de su objeto y registro previo de su oferta con un mínimo
de un mes de antelación, y después de que durante este tiempo no se
haya cubierto con trabajadores españoles inscritos en el desempleo. -
Rechazo de la línea de discriminación positiva seguida
actualmente: los inmigrantes legales no deben de gozar de más
privilegios que los trabajadores españoles. -
Hemos denunciado también los riesgos que implica abrir la
puerta a la inmigración islámica masiva, incompatible con los valores
europeos cívicos y de igualdad entre los sexos. La inmigración
subsahariana actual es mayoritariamente islámica. -
La agrupación familiar debe efectuarse con el mismo carácter
temporal y nunca definitivo que deberán tener los permisos de
residencia y trabajo. Y se hará teniendo en cuenta la base de cotización
mensual del inmigrante, que solicita la agrupación. Supresión de la
figura del arraigo laboral, incentivadota de la burla de la legalidad. -
Imposición de sanciones a los empresarios que se presten al
empleo de inmigrantes ilegales habilitando los medios necesarios para
hacer efectiva las sanciones. La inmigración es un arma del capital contra los trabajadores y un problema de soberanía nacional.
Noviembre 2006
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