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A. Llop Enero de 2008 La República Española que preconiza el Partido
Nacional Republicano reclamaría una modalidad de representación política
ajena a la presente. Las mecánicas del régimen parlamentario difieren
sustancialmente de las del sistema presidencialista republicano que
postulamos. El actual sistema electoral, en cumplimiento de una
determinación expresa de la constitución de 1978, consagra la lógica de
la representación-muestra para la elección de miembros del Congreso de
los Diputados. Acude a la fórmula distributiva, o proporcional, para
conceder representación, como pretendida reproducción a escala de la
pluralidad política. Por el contrario, el carácter integrador y democrático
de la República determinaría la necesidad de recurrir a fórmulas
mayoritarias que expresasen de forma neta y concisa el mandato de la
generalidad del cuerpo nacional para acometer un programa de gobierno.
Claramente, frente al sistema de representación-muestra, la alternativa
nacional-republicana se decantaría por el de representación-mayoría. No
hablamos de una opción técnica, que se agota en un procedimiento para el
reparto de escaños, sino de una opción política para la Tercera República
Española. El sistema electoral es un subsistema del político. Huelga decir que,
por sí, bajo el régimen vigente sería absurdo plantear cualquier
reforma del sistema electoral. En este sentido, se han hecho dos tipos de
propuestas: las que pretenden superar la crisis de representación,
característica de las sociedades postmodernas, achacada al predominio
partitocrático. Y aquellas otras que postulan reformar la ley electoral
para reducir el protagonismo de los partidos pequeños-nacionalistas en el
ámbito estatal. Igualmente, aquí tampoco nos hallaríamos ante una
elección técnica, sino política. I. La Tercera República Española, régimen electoral
para un sistema presidencialista
Estos serían algunos apuntes para bosquejar el sistema electoral de la
República Española única e indivisible: ¿Mandato o muestra?
La articulación de fórmulas distributivas fue uno de
los parapetos que el liberalismo decimonónico levantó ante el
irremisible acceso de las masas a la vida política. Las oligarquías económicas,
temerosas de quedar sin representación, se aseguraron mediante el sistema
proporcional su presencia en los parlamentos. Podemos afirmar con
rotundidad que es una técnica concebida en sus orígenes con fines anti-democráticos. Actualmente, proporcionalidad se utiliza como sinónimo de representación.
Las fórmulas distributivas conceden representación a las fuerzas políticas
en proporción a los votos obtenidos, reflejando una muestra de la
diversidad de preferencias políticas. Por lo general, su intención es
formar mayorías mediante la agregación de minorías, esto es, gobiernos
de coalición. Sin embargo, un sistema electoral basado en estas fórmulas
de reparto de voto puede resultar, paradójicamente, desproporcionado por
acción de otros elementos, tales como el prorrateo electoral, o la
magnitud de los distritos. Así ocurre con el sistema electoral del
juancarlismo, que arroja índices de desproporcionalidad superiores
incluso al de los sistemas mayoritarios. Los sistemas mayoritarios obedecen a otra lógica: quien más votos
obtiene, gana. No hay representación para las opciones que quedan por
detrás en número de votos en una determinada circunscripción, por
exigua que sea la diferencia. No hay más representación que la que
otorga la mayoría: no se entra a considerar la necesidad de mostrar la
diversidad ideológica o política de una circunscripción. Esta dinámica
requiere una fuerte cultura democrática para admitir la alternancia de
mayorías. Se impone la concepción de la representación como mandato
para acometer el programa de gobierno elegido por la mayoría. El acceso a las instituciones republicanas La rigurosa separación e independencia de poderes,
implica la elección separada de los mismos. Es un principio capital que
presidirá el nuevo marco jurídico-político republicano. Aquí, los
mecanismos de investidura emanan directamente del pueblo soberano español. República Presidencialista, ejecutivo. El acceso a la Presidencia de la República mediante
la elección directa por conjunto de la nación podría establecerse sobre
la base del territorio nacional, tomada como circunscripción única de
carácter uninominal. La identidad entre gobernantes y gobernados sería
completa. La adopción del sistema mayoritario a dos vueltas, propio del
sistema semipresidencialista francés, podría ser admisible con la
finalidad de legitimar con un plus democrático al vencedor de entre
aquellos dos candidatos con mejores resultados que, en la primera vuelta,
no hubieran obtenido la mayoría absoluta. Correspondería al Presidente de la República designar a los integrantes del gobierno discrecionalmente, sin necesidad de que estos revistieran la condición de miembros de la Asamblea Nacional Asamblea Nacional, legislativo. Los diputados de la Asamblea Nacional serían
elegidos a través de fórmulas mayoritarias entre aquellos
ciudadanos que se presentaran por listas de partidos, coaliciones
electorales o a título personal, sobre la base de distritos o
circunscripciones uninominales establecidas en el marco de las provincias.
Los miembros de la Asamblea Nacional son representantes de la Nación, no
de las circunscripciones por las que han sido elegidos. Le correspondería
las funciones de controlar al ejecutivo y legislar en aquellas materias de
su orden. Tribunal Supremo, judicial Serán los propios miembros de la carrera judicial quienes tendrán que designar a los integrantes de la máxima instancia judicial, sin perjuicio de la potestad presidencial para designar a una parte de los mismos, con carácter vitalicio. .
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II. El sistema electoral de la monarquía
parlamentaria del 78 El sistema electoral del juancarlismo El carácter transaccional de la “transición”, determinó que se
recurriera a la fórmula distributiva, en la variante D´Hont, para la
elección del Congreso de los Diputados. El cambalache de la “transición” exigía un
sistema que permitiera obtener representación a todas las fuerzas
comprometidas con el cambio. Asimismo, se pretendía facilitar que el
nacionalismo periférico, travestido de oposición democrática anti-franquista,
quedase integrado con carta de naturaleza en el nuevo régimen. Para evitar una excesiva fragmentación en el voto y
con la finalidad de otorgar la hegemonía al partido de Suárez, la UCD,
se optó por la circunscripción provincial de baja magnitud, que
en distritos poco poblados primaba, inicialmente, el voto de
centro-derecha. La introducción de este elemento corrector del sistema
proporcional ha marcado hasta nuestros días dos características
genuinas de la escena política del juancarlismo: una, la bipolarización
en torno a dos grandes partidos estatales, marginando a terceras fuerzas
con vocación de “bisagra”. La otra, la posibilidad de arbitrar la
política nacional otorgada a partidos que concentran el voto en sus
circunscripciones, caso de los separatistas. La culpa no es D´Hont, es del régimen del 78 La fórmula para el reparto de votos no es determinante. Prorrateo
electoral, magnitud de los distritos y barrera efectiva pueden
distorsionar completamente la expresión de las preferencias de los
electores en un sistema proporcional. Las circunscripciones más
pobladas son castigadas frente a la menos pobladas El coste en votos de
un escaño en Madrid es muy superior al de Soria. Periódicamente se alzan voces que claman por una reforma del sistema
electoral. Nos importa bien poco cualquier propuesta de reforma
formulada para este régimen. Recientemente, para las elecciones
municipales y autonómicas, Rajoy proponía que sólo pudiesen acceder a
la representación aquellos grupos que hubieran obtenido, al menos, un
30% de los votos. La reforma propuesta por el líder la oposición sólo
puede ser tildada de oportunista. Acceder el gobierno de ayuntamientos y
comunidades autónomas mediante la coalición de minorías está en lógica
de la ley electoral y es un recurso al que se acoge el PP. Años atrás, era IU el
partido siempre perjudicado en las elecciones, que reclamaba una reforma
que hiciera justicia a la representación parlamentaria que le debería
corresponder de acuerdo a los votos obtenidos. IU, y cualquier partido
de extensión nacional que no concentre el voto en una circunscripción,
es víctima del mismo sistema que premia el voto de aquellas formaciones
de ámbito regional que concentren el voto en la misma. Actualmente, se ha retomado la crítica a un sistema que prima la
representación de los partidos separatistas y les concede
preponderancia decisiva sobre el conjunto de la nación. Nuevamente, se
propone introducir un reforma, si bien, sin especificar que es lo que se
debería modificar, a salvo de proclamar medidas adicionales
consistentes en incrementar el número de diputados a elegir por
circunscripción, o tal como han reclamado algunas corrientes
radicalizadas del constitucionalismo oficial, establecer, entre otros
requisitos, un mínimo del porcentaje de votos en la totalidad de las 52
circunscripciones electorales para acceder a la representación en el
Congreso de los Diputados y el Senado. Se trata de tímidos reajustes,
medidas vergonzantes y cobardes para limitar al separatismo que ha
legitimado el juancarlismo. En cualquier caso, exigiría una reforma
constitucional al cuestionar el precepto que establece atender a
“criterios de proporcionalidad”, cuando no una contradicción con el
principio de “pluralismo político” recogido en el Título
Preliminar. Ni siquiera pasando a un sistema mayoritario, a la luz de
los resultados obtenidos en las elecciones de 2004, se podría mermarse
la presencia del separatismo: el PNV fue el partido más votado en las
provincias vascas. El PSC, considerando su entraña separatista, fue la
fuerza más votada en las provincias catalanas. El Partido Nacional Republicano considera que los partidos
separatistas, xenófobos, racistas y fundamentalistas teocráticos no
deben tener cabida legal en la Tercera República, del mismo modo que
los partidos fascistas y nazis carecen de posibilidad alguna de
constituirse legalmente en Italia y la República Federal Alemana,
respectivamente. La república de los sabios frente a la partitocracia El debate sobre la crisis de representación y participación de las
sociedades modernas, mantiene su vigencia desde los mismos tiempos en
los que se fue conformando el Estado de partidos, tras la segunda Guerra
Mundial. La democracia, secuestrada por las partitocracias, se limitaría
a una mera escenificación, los procesos electorales, en la que los
partidos se plebiscitarían en un acto periódico. Este análisis
refleja una realidad: la evolución de los aparatos políticos del
liberal-capitalismo corre pareja a la misma evolución de este sistema
económico. De la “libre concurrencia” se pasa a la concentración y
al oligopolio partidista. Cierto republicanismo liberal se ha dado en formular panaceas que
pretenden curar estos males. Destila un odio irrefrenable a los partidos
políticos y un individualismo furibundo, que no admite la intermediación
entre el Estado y la “sociedad civil” de ningún cuerpo, a excepción
de una autoproclamada clase pedagógica, de “intelectuales de la república”,
que viene a alumbrarnos con sus recetas electorales: ha pergeñado “mónadas
republicanas”, como circunscripción electoral de pequeñas
dimensiones, cuya finalidad única y exclusiva es empotrar la figura del
diputado de circunscripción sujeto al mandato imperativo y, por tanto,
a la revocación de sus electores. En otros casos, se proponen listas
abiertas y no bloqueadas impuestas a los partidos. Los diputados son representantes del conjunto de la Nación, no los
representantes de los compromisos alcanzados con sus electores. Esta es
una polémica dirimida hace ya más de dos centurias. El voto de los
gobernados es, en su caso, pura revocación de los gobernantes. La presentación de candidaturas en listas cerradas y bloqueadas por
los partidos políticos representa un doble ejercicio de libertad: el de
los partidos para designar a aquellos que considere más apropiados para
formar los equipos que deben llevar a término su programa, y el de los
electores para votar estas u otras listas o, simplemente, no votarles. La degeneración partitocrática no podrá erradicarse sin que
previamente se haya puesto coto al sistema político-económico de la
que es expresión. El cese de la financiación pública de los partidos políticos es una las medidas inmediatas que debería adoptar la Tercera República.
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