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Se oyen voces contra la persecución
del castellano, contra el escandaloso reparto del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre las diversas banderías
togadas de la partitocracia, contra los exabruptos y chantajes del PNV,
CiU y ERC o del BNG, amparados por el PSOE. Pero esas voces no suelen
desbordar los umbrales del respeto al régimen. Se detienen en la
propuesta de ridículas regeneraciones del mismo. Pero ya no es tiempo de
parches y cataplasmas reformistas. Es tiempo de preparación de la ruptura
democrática: del derrocamiento de la monarquía por la acción directa
popular e instauración de la III República, para la abolición del
Estado de las Autonomías; la prohibición de todos los partidos políticos
antiespañoles; la consideración de la lengua castellana como única
oficial, por su carácter de institución de la patria común, y no como
simple derecho individual; la entronización de un poder judicial
verdaderamente independiente de los partidos políticos. Sin
república única e indivisible, de estructura presidencialista, no puede
pervivir la Nación española, quedando su evocación limitada retóricamente
a la Corona. Ni puede existir democracia en su seno, sino sólo una
partitocracia podrida, progresista o conservadora, falsamente nacional y
aliada con carroñas racistas. Ni podrá hablarse de ciudadanos, sino
meramente de siervos sometidos a cortijos neofeudales erigidos en
“naciones”. La “hoja de ruta” del régimen hacia su apoteosis
confederal –España como “Nación de Naciones- es zigzagueante. Pero
no se detiene. Esa trayectoria se aceleró de forma brutal tras el 11.M,
particularmente con la aprobación del Estatuto de Cataluña y el
“proceso de paz” con ETA. Sin embargo, el “proceso” topó con las
movilizaciones de 2006-2007 y con el riesgo de una sangría electoral para
Zapatero. Éste se vio forzado a un aplazamiento de los cambalaches públicos
con ETA. Los etarras asesinaron a un militante de segunda fila del PSOE en
la víspera de las elecciones generales, aportando una buena dosis de
credibilidad al viraje de Zapatero hacia
el “gobierno de España”. Tal viraje debe ser ahora mantenido para hacer frente a la crisis económica. Pasos en esta dirección: escenificación de la resistencia al “pulso”de Montilla; pronunciamiento del TC contra el referendo de Ibarreche, ilegalización de ANV y del PCTV, detenciones de etarras… Dentro de lo previsto, ETA ha respondido con nuevos atentados y Rajoy se ha puesto en posición de firmes en apoyo al “esfuerzo antiterrorista” del gobierno”. |
No podemos dejarnos engañar por este maquillaje patriótico.
Zapatero ha permitido que ANV conserve todos sus concejales y alcaldes y
el PCTV sus representantes en el parlamento vasco. Los etarras detenidos
son segundones. ETA está configurando abiertamente un nuevo brazo
electoral. Eguiguren, hombre fuerte del socialismo vasco, ha manifestado
su disposición a reemprender el diálogo con ETA “si se dan nuevas
condiciones”. El castellano, nuestra lengua común, es rabiosamente
perseguido en todas las “naciones históricas”. El PSOE domina la
composición del TC que, en el momento oportuno, debe ratificar la
“Nación catalana”. No está de más sintetizar sus contenidos
esenciales. La
definición de Cataluña como nación no se limita al preámbulo del
Estatuto, sino que impregna todo su contenido, empezando por la mención
a los denominados símbolos nacionales de Cataluña (art. 8). Se desecha
como ya innecesaria la falacia de la cooficialidad instituida por la
Constitución española y el catalán es instaurado
como la lengua propia de Cataluña (art. 6.1) imponiéndose el
deber de conocerlo (art. 6.2). El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña “culmina la organización judicial” (art. 75),
con lo que la justicia se separa de la del resto de España y
queda sometida a las consignas de los políticos catalanistas; éstos
ejercen control sobre los medios de comunicación mediante un organismo
parapolicial, el CAC (art. 82). Se configura una Agencia tributaria
catalana que gestiona, recauda, liquida e inspecciona todos los tributos
de manera independiente (art. 205), abriendo una compuerta al saqueo del
conjunto de España. Se asumen competencias antes exclusivas del Estado
en materias como las Cajas de Ahorros (artículo 120), la inmigración y los permisos de trabajo (art. 138.2), las
universidades (art. 172) y la cultura (art. 127). Se garantiza la
financiación de las infraestructuras de Cataluña
durante los próximos siete años (Disposición 6) a costa del
resto de España. Y, en fin, se otorga al gobierno catalán el veto a
las decisiones de las Cortes y del gobierno español en ámbitos
como las negociaciones en el seno de la UE (art. 186. 2 y 3); la
inmigración (art. 138.3); la economía (art. 181); y la energía aun
cuando se aprovechen esas fuentes de energía fuera de Cataluña (art.
133). Es
posible que el Tribunal Constitucional pase el cepillo por algunos de
esos preceptos, para limar estridencias. Pero en lo esencial, el
Estatuto se mantendrá, pues sella de nuevo el pacto de hierro entre la
Corona y los separatistas y aporta el modelo que el régimen considera
imprescindible para Cataluña, Vascongadas y Galicia. Paso tras paso,
todo esto se impondrá. Y en ese momento, nadie podrá negar lo que es
ya evidente ahora para nosotros: que España ha dejado de existir como
entidad política.
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