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Redacción.-
El gran capital y la banca no cesar de insistir en lo positiva que ha
resultado la inmigración para nuestra economía. Y no cabe duda de
que la llegada de trabajadores extranjeros explica casi el 50% del
crecimiento del PIB en el último lustro. Ahora bien: ¿a quién ha
beneficiado esta creación de riqueza? Entre 1999 y 2006, años del boom de la inmigración, las empresas españolas han incrementado su beneficio neto en un 73%. Sin embargo, el salario medio real (descontada la inflación) se ha estancado durante los últimos cinco años, registrando la evolución salarial más desfavorable de toda la UE. Según UGT, los últimos tiempos empeoran este dato: en el primer trimestre del presente años, el sueldo medio en España se ha reducido en un 0,5 %. El mayor incremento de mano de obra inmigrante se ha producido en la hostelería, servicio doméstico, agricultura y construcción. Son precisamente los sectores donde más claramente se verifica un efecto a la baja tanto en los salarios como en las condiciones laborales en sentido más amplio de los trabajadores españoles. En Andalucía muchos jornaleros deben acudir todavía a la vendimia en Francia debido a los bajos salarios que la fuerte oferta de inmigrantes provoca en el campo español. Y el Euroíndice del primer trimestre de 2007 confirma que España continua liderando la temporalidad laboral en Europa, con una tasa del 33,3%.
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Otro embuste: la inmigración impulsa un aumento de altas y cotizaciones a la Seguridad Social que contrarrestará nuestro bajo índice de natalidad y garantizará el futuro de nuestras pensiones. Sin embargo, nadie proporciona cifras concretas sobre el dinero que aportan los inmigrantes a la Seguridad Social, si bien es evidente que el tipo de ocupaciones más frecuentes en la afiliación extranjera determina bases muy bajas. Menor es todavía la información sobre los incrementos de gasto social que suponen esos mismos inmigrantes (a los que hay que sumar los ilegales, inmersos en la economía sumergida, pero que se benefician de nuestro sistema de asistencial, de salud, educativo, etc.). No debemos olvidar que el número de personas a cargo de los inmigrantes es significativamente superior al de los españoles, con el consiguiente incremento de la demanda sobre el sistema de protección social en sentido amplio. El silencio oficial sobre estas cuestiones nos hace temer lo
peor, que además se confirma por las escasas informaciones existentes:
la Generalitat catalana, según sus propios cálculos, pierde cada año
1.000 millones de euros a causa del volumen de gasto público que
provoca la población inmigrada La crisis económica que avanza golpeará en primer lugar y
del modo más duro a la masa de inmigrantes que han llegado a España
sin planificación y control alguno. El actual modelo migratorio
persigue la explotación de una mano de obra intensiva, de escasa
calificación, concentrada en sectores que, como es el caso de la
construcción y los servicios, serán los más vulnerables bajo el
impacto de la recesión o estancamiento. En este marco, además, el
gasto asistencial ocasionado por la existencia de un fuerte contingente
de 4,5 millones de inmigrantes, se verá por fuerza multiplicado. ¡Benéfica inmigración!
Octubre de 2007
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