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Redacción.-
Los trabajadores británicos se han echado a la calle en protesta por la
contratación de inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo que se
vienen generando en refinerías y centrales nucleares. Se han cansado de
que les arrebaten esos puestos de trabajo inmigrantes portugueses y
rumanos dispuestos a tragar lo que les echen.
Estas
cosas, que los políticamente correctos llaman “huelgas xenófobas”, sólo
pueden producirse en países donde existe patriotismo, una conciencia
nacional previa. En España, donde el problema es objetivamente muchísimo
más grave, apenas hay reacción, dada la intensa desnacionalización
imperante y una izquierda que ha sustituido el “internacionalismo
proletario” por los nuevos parias de la tierra, los inmigrantes, bajo
los lemas “ningún ser humano es ilegal” y “abajo las fronteras”.
Sin olvidar diversas moralinas propagadas por la jerarquía eclesial católica.
Sin "idea de España" es difícil que pueda haber respuestas
amplias a la inmigración descontrolada similares a las de Inglaterra.
Súmese a esto el embuste de que los inmigrantes venían a salvarnos las
pensiones, cuando sólo han servido para reventar salarios y condiciones
de trabajo y saturar los servicios públicos; o el sonsonete de que han
venido a realizar los trabajos que los españoles no quieren hacer, cuando
los trabajadores españoles se han ganado, con décadas de lucha, el
derecho a rechazar trabajos con salarios de sobre-explotación y
condiciones infames.
Ahora,
con la crisis, muchos se tiran de los pelos cuando se quedan sin trabajo
mientras ven que han seguido concediéndose permisos laborales a numerosos
extranjeros. Pero no hay duda de que todo esto nos lo hemos ganado a
pulso. Los españoles, al votar al PP, que comenzó a alentar la
oleada inmigratoria, y al PSOE, han votado contra sí mismos y lo pagarán
caro.
Según
datos recientemente publicados por Eurostat –la oficina de estadísticas
de la UE-. el 1 de enero de 2008, 497,45 millones de ciudadanos tenían
residencia en la Unión Europea. Un año después, la cifra roza ya los
500 millones de habitantes. Esto significa un aumento de la población de
algo más de 2,21 millones de habitante en apenas doce meses. ¿Cuántos
de esos nuevos residentes proceden de España? Pues ni más ni menos que
569.300, lo que significa que uno de cada cuatro “nuevos europeos” los
aporta España. Según las proyecciones de Eurostat, el número de
residentes en España roza en estos momentos los 46 millones de
ciudadanos. En concreto, 45,85 millones,
lo que representa un aumento de 6,2 millones respecto de los que
había en 1998, al comienzo del ‘boom’ de la inmigración.
Las
cifras ponen de relieve que el fenómeno de la inmigración, lejos de
retroceder en coherencia con la irrupción de la crisis económica, continúa
creciendo a buen ritmo: el triple que en la UE. O lo que es lo mismo, un
12,5% frente al 4,4%, lo que refleja la intensidad en la entrada de
inmigrantes pese al menor crecimiento productivo.
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Según
datos oficiales, el pasado 30 de septiembre el número de inmigrantes
"con papeles" ascendía a 4.27 millones, lo que implicaba un
aumento del 14.27% (533.865 personas) en un año. Sobre todo, reflejaba
la continuidad de la política de concesión de permisos de trabajo y
residencia por parte del gobierno, cuando era más que evidente la
entrada en ciclo de crisis económica. Las estadísticas oficiales,
lógicamente, no recogen a los "sin papeles". Pero podemos
hablar con toda seguridad de 7 millones entre legales e ilegales. Y
estos inmigrantes no volverán a sus países, pues en España gozan de
todo tipo de servicios gratuitos. En los últimos meses, tan
sólo 2.213 extranjeros han solicitado el "retorno
voluntario", a diferencia de lo que ocurre en Alemania,
desde Schöeder, Inglaterra, etc.
Para
rematar el asunto, el PSOE y el PP están de acuerdo en incluir a
inmigrantes en sus candidaturas para las próximas municipales, con los
que se equipara un derecho derivado de la nacionalidad con un simple
permiso de residencia por razones laborales.
Ante
todo esto, algunos sectores del PSOE estiman que posiblemente se les ha
ido el asunto de las manos. Se habla de “rectificaciones”. Así, ha
sido aprobado un anteproyecto de Ley de Extranjería que incluye entre sus
novedades la limitación de las reagrupaciones familiares. Los
inmigrantes sólo podrán traer a España a sus padres si estos son
mayores de 65 años para que no se puedan incorporar al
mercado laboral. Además, el gobierno aprobará elevar cuantiosamente
las sanciones para los matrimonios de conveniencia y las multas a los
empresarios que contraten ilegales.
Pero
esto son simples parches que no alteran el proyecto global del régimen,
un proyecto endófobo y xenófilo de reemplazo del pueblo
trabajador español por masas de pobladores sin función
determinada. Una de sus pruebas más palpables es la propia
denominación del ministerio de Corbacho: "Ministerio de Trabajo
e Inmigración". El trabajo, para los inmigrantes
Siguen
en pie dos consignas fundamentales del Partido Nacional Republicano:
oposición intransigente a la inmigración ilegal y adecuación del
flujo migratorio legal a las
condiciones socio-económicas de cada momento, mediante políticas de
cupos. En la presente situación, carece de sentido
cualquier contratación legal de fuerza de trabajo extranjera.
Febrero de 2009
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