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Redacción.-
En mayo de 2002, el documento titulado “Una alternativa fiscal para España.
Informe de la Comisión de Expertos nombrada por el PSOE para elaborar una
propuesta sobre la reforma del IRPF”, afirmaba en relación con los
impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones: “Frente a las nuevas
presiones para su eliminación, debe defenderse de nuevo la importancia de
estos Impuestos para reforzar el componente progresivo del sistema, servir
de instrumento de control de los bienes y derechos generadores de renta,
facilitar la aplicación del IRPF y completar el control de determinadas
rentas escondidas en patrimonios”. Nada que objetar a estas
afirmaciones.
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Sin
embargo, donde dije digo, digo Diego. Hace unas semanas, Zapatero enterró
el Impuesto sobre el Patrimonio. El de Sucesiones, es sólo cuestión de
tiempo. Por este camino, pronto nos quedará sólo la imposición
indirecta y un nuevo gravamen sobre puertas y ventanas, como rasgo de
progresismo y modernidad fiscal.
Lo
que sustenta esta decisión es una determinada visión de lo público,
inscrita totalmente en la ideología liberal capitalista dominante que,
en síntesis, sostiene que los gobiernos (es decir, lo público en la
economía) no son la solución sino el problema. En el caso español, se
refuerza con la tesis, impartida hasta hace poco únicamente por el PP,
de que la “carga fiscal” (y ya hablar de “carga” es sintomático)
es insoportable. Pese a que las estadísticas comparativas demuestran lo
contrario, que nuestra presión fiscal sigue por debajo de la media de
la UE, esa falacia se ha impuesto como “verdad” incontrovertible.
En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, que se
presenta como un “azote de las “clases medias”, afecta a poco más
de 900.000 personas. Al suprimirse este impuesto unos pocos se ahorrarán
mucho, más de cien mil euros, y muchos, una miseria.
Enero
de 2008
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