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Redacción.-
“Paréntesis”, “reajuste de la construcción”, “desaceleración”,
“aceleración de la desaceleración”: éstos son, entre otros, los
diagnósticos falaces con los que el gobierno del PSOE ha tratado de
ocultar una crisis que tiende a desembocar en combinación de
estancamiento con inflación. El
crecimiento de los últimos trece años se ha basado en tipos de interés
reales bajos; liquidez financiera internacional abundante -lo que ha
permitido que la financiación exterior representase un 10 por ciento del
PIB, auténtico récord mundial-; auge del ladrillo -la construcción
supone el 18 por ciento del PIB, siendo la mitad la residencial, lo nunca
visto-; astronómico endeudamiento público y privado; presión a la baja
de los salarios reales por parte de una masiva mano de obra inmigrante
….. Ese
modelo albergaba en su seno las semillas de su desmoronamiento. Una
de ellas ha sido el encarecimiento
de las hipotecas: el Euribor, la referencia de más del 90
por ciento de los préstamos hipotecarios en España, se ha disparado
desde el 2,05 por ciento en marzo de 2004, hasta más del 5 por ciento en
mayo de 2008. Otra, la elevación constante de la inflación, hasta
alcanzar el 4,6 por ciento en la actalidad, el peor dato desde
1995. Tras
un periodo de euforia, vuelve la inevitable crisis de sobreproducción. La
subida del precio del dinero, el alza de la inflación y el estancamiento
de los salarios han comprimido el poder adquisitivo popular, frente a una
oferta anárquica, encarecida por la voracidad de las inmobiliarias y
constructoras, que se han
hecho de oro en estos años con la ayuda de los concejales de Urbanismo y
el apoyo de la banca, a costa de hipotecar la vida de millones de españoles,
compelidos a pagar un piso prácticamente durante toda su vida laboral. El
resultado ha sido el frenazo: más de un millón de pisos sin vender. Y a
esta crisis de venta de inmuebles se ha sumado la crisis financiera
internacional, que ha drenado la liquidez del sistema bancario español,
vehículo mediante el cual las empresas y las familias se endeudaban para
invertir o consumir el ahorro generado en otras partes del mundo. Y este
aspecto de la crisis se ahonda con un drástico incremento de la morosidad
crediticia y la morosidad empresarial (aumento de un 48 por ciento en el
primer trimestre de 2008 respecto al primer trimestre de 2007, según los
datos de Crédito y Caución). El
inicio del desplome del empleo en la construcción ha sido le manifestación
inicial y más visible de colapso económico. Pero no se va reducir a este
sector, ni se va a solventar en un plisplás. Esta subida del desempleo
tiene un efecto directo e inmediato en la contracción del consumo en
general, en el traslado de la crisis a otros sectores. Son buenas muestras
de ello el derrumbe del comercio minorista o el Índice
de Producción Industrial, que el
pasado mes de marzo ha sufrido una caída del 13,3 por ciento con respecto
al mismo mes de 2007. Ni
siquiera en la crisis económica de 1993 dicho indicador se redujo tanto
en un solo mes. Ante
la realidad del rápido deterioro de la actividad económica general, el
gobierno se ha limitado a sucesivas revisiones a la baja la tasa de
crecimiento anual, desde el 3,3%, con que calculó los presupuestos, al
2,3% en abril. Sin embargo, según el Banco de España, en el primer
trimestre de 2008, cuando la crisis no ha hecho más que empezar, la
economía española ha crecido sólo un 0,4
por ciento, lo desmonta las previsiones del gobierno. Sube
sin cesar el paro. En el primer trimestre el desempleo ha aumentado en
246.000 personas, situando la tasa de paro en el 9,63 por ciento. Pero
este dato debe relacionarse con otro aun más relevante: la capacidad de
España para crear nuevos puestos de trabajo se ha congelado en el último
año. La tasa de empleo
interanual se situó en el 53,63 por ciento de la población española en edad de trabajar, esto es, el mismo
porcentaje que en el primer trimestre de 2007, ya que no
ha registrado aumento alguno. No se puede hablar de
personas que demandan trabajo y no lo hallan, sino de que los puestos están
desapareciendo. En
caso de mantenerse esta situación, a finales de 2008 podría registrarse un
millón de desempleados nuevos (más de 3 millones frente
a los 2,20 actuales). Solbes
se ha cansado de decir que, en la peor de las hipótesis,
la tasa de paro se movería entre el 9 y el 10 por ciento. Pues
bien, sólo en el primer trimestre del año se ha situado ya en el 9,6 por
ciento y esto sólo está en sus inicios. Desde la óptica de los sectores sociales hegemónicos en nuestra sociedad, por cuya boca sólo habla el interés bancario y los beneficios del gran capital, se han cometido muchos “excesos”. Hay exceso de pisos, de empleos, de salarios, de "rigideces" en el mercado laboral, de impuestos sobre el capital, de gastos sociales. Según esa visión de las cosas, la crisis tiene un aspecto benéfico, pues debe servir para expiar los pecados de la desmesura, creando las condiciones de un relanzamiento de las tasas de beneficios.
Estas condiciones incluyen, entre otros extremos, la extensión del paro y, bajo su impacto, nuevos impulsos de la moderación salarial, nuevas reducciones de la fiscalidad sobre las rentas del capital, así como sus cotizaciones a la seguridad social, "reformas de estructuras" que impongan por fin el despido gratuito, aumento de la degradación de los servicios públicos. Y, desde luego, el salvamento de los sectores financieros y empresariales actualmente en dificultades.
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El primer punto de tales planes ha sido la devolución de cuatrocientos euros a todos los contribuyentes (6.000 millones de euros), prometida durante la campaña electoral, y la eliminación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros). El “cheque electoral” constituye una medida completamente regresiva, no sólo porque afecta a todos los contribuyentes, tanto a los que lo necesitan como a los que no, sino porque deja fuera precisamente a los que no son contribuyentes, es decir, a los que son tan pobres como para que ni siquiera tengan que tributar por el IRPF: los parados, la gran mayoría de los pensionistas y aquellos asalariados precarios y con retribuciones reducidas. Igualmente regresiva es la supresión del Impuesto de Patrimonio: destierra un gravamen que representa uno de los principales instrumentos de política redistributiva. El gobierno habla también de
“vigorosas políticas de empleo”. En realidad, se trata de políticas
para ayudar a salir del bache a los responsables de la burbuja
inmobiliaria. El
liberalismo académico sostiene que la purga que impone la crisis
debe ser efectuada por los “mecanismos automáticos” del sacrosanto
mercado. Pero esto es una engañifa. El liberalismo real está por la
privatización de los beneficios, pero cuando viene la crisis corre a
imponer la socialización de las pérdidas, a cargo de los fondos públicos.
Esta es una de las funciones del gobierno de Zapatero. David
Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, protegerá los
intereses de la patronal que agrupa a las grandes constructoras de España
(Seopan) en pleno hundimiento de la industria del ladrillo. Ya ha
dispuesto un paquete de medidas de apoyo a ese sector, entre las que se
encuentran los préstamos blandos del Instituto de Crédito
Oficial, para la conversión de viviendas invencidas en de viviendas de
protección oficial y el aumento de gasto público en infraestructuras. El problema es que las cuentas no salen para sufragar todos estos planes. En tres meses se ha gastado la mitad del superávit que según Zapatero permitiría superar la “desaceleración” La crisis ya está destruyendo empleo neto, con lo que ello supone: contracción acelerada del consumo y de la actividad económica y caída de la recaudación fiscal -empezando por el IVA- mientras, en cambio, ascienden los gastos sociales por desempleo. El continuo crecimiento del paro ha provocado que el gasto público en subsidios creciera en marzo en un 21,21 por ciento. Si se mantiene esta tónica, en diciembre España terminará con un aumento interanual de los subsidios del 70 por ciento. Esto es, casi mil millones de euros más que en diciembre del año pasado. En el conjunto del año, de hecho, el gasto en subsidios sería de 6.000 millones más que el año anterior. Al previsible panorama de
estancamiento se va a sumar la persistencia de la inflación -por
factores internacionales como el alza del precio del petróleo y de
materias primas y alimentos, amplificados por la estructura de nuestra
economía - y un gigantesco incremento del déficit público. ¿Estamos en un
atolladero? Mientras se mantenga el actual poder político siempre habrá
una salida para los poderosos y los trabajadores pagaremos los
“excesos”. Ningún
gobierno del actual régimen puede abrir perspectivas favorables a los
trabajadores. A su servidumbre respecto del gran capital hay que añadir
la carencia de instrumentos esenciales, por efecto de un vaciamiento
doble. De un lado, camino de Bruselas o Fráncfort, sede ésta del Banco
Central Europeo, paladín de los altos tipos de interés financiero. De
otro, camino de las Comunidades Autónomas. Hoy el Estado central
gestiona un escaso tercio del gasto público total y escasamente la
mitad en inversión pública. Es ya el “Estado residual” del que
habló Maragall. Por
otro lado, la subida internacional de los precios del petróleo y la de
muchos alimentos básicos, como todos los cereales y los productos
alimentarios que los utilizan, se abate sobre un país que, de acuerdo
con los sermones ecólatras -y en beneficio de Francia, a la que
compramos energía nuclear- ha
desterrado esa energía entre nosotros y que, en aras de la “integración
europea”, ha desmantelado su agricultura. En estas condiciones, la
espiral inflacionista se refuerza y hace imparable.. Frente
a los golpes cíclicos del Capital, sólo puede abrir un horizonte
favorable a la inmensa mayoría de los españoles una república
dispuesta a defender con uñas y dientes los intereses nacionales. En
primer lugar, del timo la Eurolandia franco-alemana. Esto implica la cancelación
de todos los compromisos de
disciplina monetaria, acuerdos de libre circulación de capitales y
mercancías y aceptación de cupos de producción suscritos en beneficio
de otras naciones. Una república unitaria, que desmantele el Estado de
las Autonomías, y que sea portavoz del Trabajo, y no de la Usura,
procediendo a la socialización del sistema financiero y unificando
todas sus instituciones -incluidas las Cajas, hoy en manos de los
reyezuelos autonómicos- en un Banco Nacional del Trabajo. Implica el
despliegue de un Plan de Trabajo que incluya, entre otras orientaciones
propuestas en el Programa del Partido Nacional Republicano, el máximo
fomento tecnológico para un rápido rearme industrial y la modernización
de la agricultura, cabaña y flota pesquera; la búsqueda de la
suficiencia energética, con recurso a la energía nuclear en
condiciones óptimas de seguridad y protección del medio ambiente;
la efectiva
garantía de trabajo para todos los españoles; la creación de una
institución pública dotada de financiación y potestad expropiatoria
que le permitan la adquisición masiva de suelo, para la construcción
de viviendas de protección oficial; una fiscalidad
basada en la imposición directa y progresiva; el fin de la tolerancia
ante la inmigración ilegal y la limitación de la legal a
contrataciones concretas. Mayo de 2008
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