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Redacción.-
Rajoy ha decidido “dejar atrás” el 11-M, consciente de que el
esclarecimiento de esa matanza pondría al conjunto del sistema patas
arriba. Dejará que triunfe la mentira que presenta al atentado como obra
de un comando local de moros instruidos en el jihadismo a través de
internet, en respuesta a la invasión de Iraq aplaudida por Aznar. La orientación central del PP es la defensa de la Constitución del 78, con leves retoques para cerrar el paso a “nuevos desvaríos autonómicos”. Hay aquí una voluntad deliberada de confundir y desarmar a los españoles. Cierto es que, sobre el papel, la vigente Constitución combina rasgos propios de un Estado unitario –soberanía del pueblo español- con la estructura territorial de las Autonomías-. Pero el régimen, que desde el principio dio rienda suelta a una descentralización política injustificable, ha ido dotando a las comunidades autónomas de contenidos competenciales que desbordan ampliamente los propios de los Estados federales. Y,
recientemente, hemos asistido a la consideración de algunas de ellas como
naciones, con el consiguiente vaciamiento de competencias centrales y
fortificación de atributos para-estatales.
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La formulación constitucional del 78 está completamente sobrepasada por la lógica de los avances desintegradores ya efectuados. Y también por la propia acomodación abierta o encubierta del PP a los mismos, en una trayectoria de traición que ya hemos denunciado muchas veces (Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Galicia, UPN en Navarra). Esta trayectoria se acentuará si el PP resulta el partido más votado pues, como ha dejado claro Pío García Escudero, no tendrá otra posibilidad de gobernar que la de 1996, mediante el pacto con sectores del separatismo. El
PP habla de “derrota de ETA” y persiste en su cantinela sobre la
vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Pero esconde
que ese pacto, fracasado en el pasado e irrealizable en el futuro, no
deja de constituir una variante de salida negociada con ETA. Si bien, en
teoría, no incluiría el pago de precio político, se traduciría en
excarcelaciones, amnistías y medidas similares que supondrían una
burla a las victimas y a los españoles en general. Rajoy
propone también una reforma de la ley electoral, “para que gobierne
el más votado”. Esto es imposible si sigue en pie el sistema
electoral proporcional. El
PP no preconiza ninguna “educación para la ciudadanía” alternativa
a la del PSOE, Incapaz de entrar en la discusión de contenidos que
impone la iniciativa de Zapatero, se refugiia en una negación de la
potestad educadora del Estado. Esta posición ultraliberal, paralela a
la glorificación de una absurda autarquía educativa de los padres,
sirve al intento de capitalizar las campañas de los sectores más
radicalizados de la jerarquía eclesial, que ni si quiera son seguidas
por el grueso de los centros católicos o concertados.
Octubre de 2007
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