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Redacción.-
Resuena todavía el escándalo de las conversaciones telefónicas de la
Sra. Emilia Casas, baranda del Tribunal Constitucional, con una abogada,
hoy encarcelada como inductora del asesinato de su ex marido, a la que
aconseja gratia et amore que si alguna vez recurre en amparo ante
el propio TC, “me vuelve a llamar”. La Sra. Casas no sólo obtuvo apoyo inmediato del gobierno,
sino también del Tribunal Supremo que se apresuró a archivar la
conversación de Casas con la presunta abogada homicida por entender que
no hubo asesoramiento ilícito, es decir, que no cometió delito. Como mínimo
cabe afirmar que incurrió en falta muy grave, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 389.7º de la LOPJ, en conexión con el
417.6.: el cargo de Juez o Magistrado es incompatible con todo tipo de
asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. Este
escándalo demuestra la podredumbre de las más egregias cúspides de
nuestro sistema institucional. Y lo que esconde es la lucha por el control
político del alto tribunal. Y
es que, desde que en 1985 el Tribunal Constitucional se arrodillase ante
el gobierno socialista dictando la famosa sentencia del caso RUMASA, dando
por buena la expropiación por decretazo del holding de Ruiz Mateos, la
trayectoria del Constitucional ha estado siempre marcada por su genuflexa
servidumbre respecto de la mayoría parlamentaria de turno. Lo que fue
presentado como órgano garante de la interpretación de la constitución
de 1978, ha carecido de cualquier independencia para servir en los grandes
temas de Estado de anclaje jurídico frente a los vaivenes y apetencias
políticas.
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Peor
aún, el Constitucional ha sido instrumento esencial para consumar la
deriva autonómica que sufrimos, consintiendo desigualdades manifiestas
entre comunidades autónomas. Para perpetrar el vaciamiento de las
competencias del Estado sin obstáculo alguno. Para refrendar las políticas
separatistas de inmersión lingüística. Un proceder que tenderemos nueva
ocasión de verificar con ocasión de su próximo pronunciamiento sobre el
estatuto de Cataluña, con una sentencia que quizá trate de salvar la
imagen del legislador, declarando inconstitucionales aspectos secundarios
o terciarios, pero que preservará los aspectos más decisivos de cara a
la desarticulación de la unidad nacional de España.
Con ello colmará de euforia al PSOE y a los nacionalistas antiespañoles, a la vez que proporcionará coartada a las claudicaciones de Rajoy. Éste ha manifestado que "el PP no retirará el recurso de inconstitucionalidad" contra el Estatuto soberanista catalán, para, a renglón seguido decir que estará "a lo que diga el Tribunal Constitucional". El
Tribunal Constituciones es, de hecho, una tercera Cámara política,
junto a Congreso y Senado, que interpreta la Constitución como una
prolongación de los partidos con representación parlamentaria que
nombran a los magistrados componentes de ese “guardián de la
Constitución”. Y lo peor es que la propia regulación que de la
composición del “alto Tribunal” hace la Constitución de 1978 es la
que impide su imparcialidad e independencia y la que abre cauces a las
componendas y banderías entre los distintos grupos políticos, con los
penosos espectáculos a que estamos asistiendo en medio de la
desmembración de España. En
el seno de la república española por la que lucha el PNR abogamos por
la supresión cualquier tipo de tribunal constitucional emanado de los
órganos legislativos. Las competencias del “guardián de la
Constitución” deben ser encomendadas a una sala especial del Tribunal
Supremo, o incluso a la propia institución presidencial. Es claro que,
para la primera solución, también habría que modificar el actual
sistema de designación de miembros poder judicial, dejando que sean los
propios jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes.
Julio de 2008
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