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Redacción.- Se da por sentado que en España rige una democracia, por la mera contraposición entre el régimen de Franco y el vigente de 1978. Sin embargo, una más atenta aproximación a nuestra realidad política nos conduce a otra conclusión. Las más elementales exigencias democráticas son burladas por el actual régimen de monarquía parlamentaria, territorialmente estructurado como “sistema de las Autonomías”, que supone la amalgama de diversos ingredientes oligárquicos: Monarquía La
última restauración borbónica había sido prevista por Franco como un
capítulo de su Estado “orgánico”. Posteriormente, la oposición
“civilizada” al franquismo, tan aterrorizada como éste ante el
peligro de una explosión democrática, se avino a adosar al juancarlismo
un mecanismo liberal parlamentario. Pero pese a ese tenderete
representativo, la propia institución monárquica supone la quiebra del
principio esencial de igualdad ciudadana al quedar reservada la Jefatura
del Estado a un miembro de la dinastía Borbón. Por
otra parte, tampoco es esa monarquía un parapeto de la unidad de España,
ni salvaguarda de la convivencia armónica en su seno. Sobrevuela un
"Estado" que, tras servir de cucaña a los partidos mayoritarios
del Régimen, es objeto de distribución entre los "nacionalismos
históricos", unas fuerzas que ocultaron bajo la capa del antifranquismo
el nervio esencial de su movilización: su hostilidad mortal hacia todo lo
que evoque el nombre de España. El
Partido
Nacional Republicano afirma en el primer punto de su Programa: “República
española única e indivisible. La soberanía
nacional residirá en el conjunto del pueblo español: ningún territorio,
grupo o individuo podrá usurpar facultades inherentes a su ejercicio.
Igualdad de los españoles ante la ley y en cuanto a condiciones sociales
de desarrollo, con independencia de la región en que hayan nacido”. Estado
de partidos El
PNR preconiza una “República presidencialista, con elección directa
del Jefe de Estado por el conjunto de la Nación y nombramiento del
Gobierno por el Jefe del Estado”- Postula,
además, una “Magistratura
independiente, cuya instancia máxima, el Tribunal Supremo, sea elegida
por los propios encargados de juzgar y aplicar lo juzgado. Fiscalía
igualmente independiente, con fuerzas de seguridad
exclusivamente subordinadas a la misma”. La
Tercera República que España necesita no puede ser de nuevo una república
parlamentaria, como lo fue la Segunda. Estamos contra el Estado de
partidos, ya sea monárquico
constitucional o republicano liberal. En
un principio, los partidos políticos concurrían bajo los sistemas de
gobierno parlamentarios en algo parecido al régimen económico de
“libre competencia”. Esta fue todavía la situación bajo la Segunda
república española. Pero como fruto de la “libre competencia”,
surge el oligopolio y el monopolio. Después de la segunda guerra mundial,
los partidos principales en Europa se han transformado en oligarquías políticas
que se hacen plebiscitar periódicamente merced a diversos medios de
manipulación. Desde
su mismo comienzo, el régimen del 78 es un régimen de partitocracia.
Bajo el mismo, la participación popular se reduce a elegir entre alguna
de las listas cerradas que se elaboran desde unos comités incontrolables.
Tiene una sola función: legitimar un curso político al servicio del
medro del partido o partidos en el gobierno, en contacto con las cúpulas
del mundo financiero y empresarial, empezando por las que regentan los
medios de comunicación. Los
resultados electorales disparan una carrera frenética por el reparto del
Estado, de arriba a abajo, entre los directivos, séquitos y clientelas de
los partidos triunfantes. Con ello, las instituciones quedan vaciadas de
todo significado. Así,
las actuales Cortes Generales se limitan a escenificar disputas o
negociaciones en torno a los intereses de las diversas banderías de la
oligarquía partidista. Los órganos superiores de la función judicial y
las propias instancias de defensa de la Constitución son provistos según
cuotas de partido. La fiscalía general del Estado es, en realidad, una
fiscalía del partido que gobierna en cada momento. La policía nacional
sigue la misma dinámica, al depender de un aberrante Ministerio del
Interior y no de una fiscalía independiente. En
cuanto a las funciones de gobierno, los partidos no se contentan con
ocupar sus niveles propiamente políticos; invaden además sus estructuras
administrativas, "complementándolas" con legiones de
"cargos de confianza". Igualmente, se produce el copo sistemático
de los órganos rectores de los entes autónomos y empresas públicas en
todos los niveles de la Administración.
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En los últimos tiempos se registra un creciente rechazo popular de la corrupción política. Tal rechazo es imprescindible pero, hoy por hoy, muestra unos claros límites. No apunta todavía al cuestionamiento del Estado de partidos. Ahora bien, la tendencia a la conversión de la partitocracia en cleptocracia, gobierno de ladrones, acompaña inexorablemente a la evolución de dicho Estado. Estado
de las Autonomías Un
orden democrático se halla integrado por ciudadanos iguales “ante
la ley y en cuanto a condiciones sociales de desarrollo, con
independencia de la región en que hayan nacido”. Por el contrario,
con la vigente Constitución ser ha configurado a nuestra patria como un
inestable ensamblaje de conglomerados basados en las particularidades
lingüísticas y acerbos culturales que
debieran hallar justo tratamiento al
margen de una estructuración territorial del Estado. Así se ha
otorgado carta de naturaleza a
las coartadas “identitarias” de los nacionalismos anti-españoles. Esos
nacionalismos no sólo gozan de patente de corso sobre determinadas
regiones. Han obtenido, además, una presencia a veces decisiva en las
Cortes Generales, merced de un sistema electoral que ha primado su
representación. Todo ello desemboca en una situación insostenible.
Cualquier democracia se ha de formar sobre una base homogénea. Esto es,
se ha de delimitar quiénes forman parte del “demos”. Resulta
inconcebible, tal como ahora, que quienes no pierden ocasión de
manifestar su animadversión a España y aspiran a constituir su propia
ciudadanía tengan cabida en el marco político-institucional de la nación
española. Ocurre
además que la España autonómica glosada como modelo de progreso es un
modelo retrógrado de desigualdad: privilegios forales anacrónicos,
conciertos económicos exclusivos, distintos regímenes fiscales,
imposición de lenguas vernáculas como oficiales, diversidad, según en
la comunidad en que se resida, en los derechos y obligaciones y en la
prestación de servicios,... Para
mayor escarnio, las reformas estatutarias auspiciadas en los últimos
tiempos permiten que las
comunidades autónomas se autoproclamen “naciones” y se atribuyan
competencias que aumentan la fractura de la unidad nacional y se imponen
burlando la soberanía del conjunto del pueblo español.. Las
comunidades autónomas no han corregido en lo más mínimo la ignominia
del sistema partitocrático, convirtiéndolo en un factor más de la
desintegración política general. Los grandes partidos “nacionales”
colocaron a sus huestes en
el nuevo nivel político-administrativo autonómico y esas huestes
pasaron a cohabitar con las incipientes oligarquías nacionalistas anti-españolas
de algunas zonas. En este nivel se han reproducido todas las taras
partitocráticas descritas anteriormente, con la nota particular de una
persistente tentativa de control de los municipios. A ello se suma que
las filiales de los grandes partidos “nacionales” apuntan una
marcada tendencia a emanciparse de sus matrices y a introducir dinámicas
centrífugas en la estructura político-territorial.
Lejos de garantizar la “cohesión territorial”, instan las
reformas estatutarias que reclaman denominaciones “nacionales” y
atribuciones paraestatales. La mayor parte de las reformas habidas hasta
la fecha, han sido protagonizadas por los supuestos partidos nacionales,
no por los etnicistas anti-españoles. Por
todo ello el PNR preconiza en su Programa: “ordenación
territorial en régimen de descentralización administrativa, basada en
las Provincias y los Municipios, con sus diversas formas de asociación:
mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Derogación
del sistema de
las autonomías, tanto en su versión originaria, como en su actual
deriva confederal. Abolición de toda
forma de régimen foral, conciertos y demás modalidades de privilegio
territorial”.
Estado
del crimen y la mentira Desde
el 23-F, con su “Elefante Blanco” e implicación de los servicios
secretos y de altos mandos
militares, vinculados estrechamente a la Casa Real, pasando por los crímenes
cometidos por la trama del GAL, el régimen de 1978 acaba recalando en
el 11-M, con sus múltiples agujeros negros.
No
se trata de una sucesión de hechos aislados, de sucesos excepcionales de
naturaleza execrable, acaecidos dentro del normal discurrir de un
determinado sistema político. Son, por el contrario, consecuencias de
la estructura oligárquica del juancarlismo. La
realidad del 11-M, con su vuelco electoral preconcebido, no podrá ser
eternamente encubierta con la destrucción y manipulación de pruebas,
tramas de confidentes policiales y traficantes de explosivos y supuestas
células de islamistas. Por más que para el actual Gobierno, de acuerdo
con la versión oficial, todo esté claro y el PP no desee mirar hacia
atrás, lo que aparece con cada vez más claridad ante nuestros ojos es
una espantosa farsa en la que tuvieron que intervenir muñidores
alojados en las altas instancias. Aquí
ya no vale pasar página y echar tierra al asunto por “sentido de
Estado” y “para bien de España”. Quien quiera hacerlo para
preservar el actual régimen es porque es cómplice del mismo. Por
tanto, que nadie albergue esperanza de esclarecimiento total del asunto
bajo este régimen del crimen y de la mentira. Sólo la ruptura con el juancarlismo y sus partidos de la derecha y la izquierda traerá la democracia y, con ella, la victoria de España.
Marzo de 2007
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