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Crisis financiera, crisis del
ladrillo, crisis de la energía Los romanos hallaron la fórmula para pastorear a la
plebe. Panem et circenses. El régimen juancarlista acaba de celebrar con
éxito unos circenses. Pero no podemos esperar la misma fortuna respecto
del panem. Seguiremos siendo campeones, pero campeones del mundo en déficit
exterior, campeones de Europa en el aumento de las tasas de paro -10%
frente al 7,2% de la eurozona- y en inflación. El
Banco Central Europeo (BCE) ha elevado de nuevo los tipos de interés.
Estamos en el 4,25%, el nivel más alto desde que llegó el euro. Esto
repercutirá forzosamente en nuevas alzas de los porcentajes de interés
hipotecario –el euribor se sitúa ya en un 5,4%,- que ya estrangulan a
millones de españoles. La restricción crediticia asfixia además la
actividad productiva. El crecimiento del crédito es el más bajo de los
últimos 15 años. El crédito barato ha sido la gasolina que ha movido la
economía española desde la última recesión (lo que explica su elevado
endeudamiento privado). Sin él, las posibilidades de recuperar umbrales
de crecimiento aptas para generar algo de empleo (en torno al 3%) son
simplemente imposibles. El gobierno proclama que la sobreoferta del “ladrillo” se
está reajustando. Pero crisis no ha hecho más que empezar. Muchas de las
casas que hoy se están construyendo se iniciaron antes de que estallara
la burbuja financiera. En un contexto de restricción del crédito,
conforme terminan los trabajos van a engrosar el stock de viviendas
sin comprador, que la ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, ha estimado actualmente en unas 600.000 y que es probable
que se aproximen al millón. El
IPC se ha disparado al 5,1 %, socavando la capacidad de compra de los
salarios y las pensiones. El derrumbe del consumo es ya un hecho palpable
salvo para Zapatero, cuya máxima preocupación es evadir toda
responsabilidad en lo que está pasando. Él no tiene la culpa de nada. La
culpa de la inflación es de la escalada del precio de las materias
primas, básicamente del petróleo, cosas que, como todo el mundo sabe,
“están fuera de su alcance”. Por supuesto, él no es responsable de
las alzas del crudo. Pero sí es responsable, después de cuatro años de
gobierno, de que los hidrocarburos -petróleo y gas natural-representen el
82% de nuestro consumo energético total, más del doble de la media de la
UE-27, donde los hidrocarburos representan el 40% de la energía total.
Todo ello por descartar la energía nuclear, cediendo a la presión de
Francia, los ecolojetas y los grandes intereses petrolíferos. Presume de
haber incorporado las energías renovables, pero éstas suponen tan sólo
un 10% del consumo total, dado sus elevados costes de generación, después
que los gobiernos del régimen, empezando por los del PSOE, han destruido
cientos de miles de hectáreas de cultivos bajo los dictados de Eurolandia. En diciembre pasado, Zapatero mantenía
unas previsiones de crecimiento del PIB de un 3,3%. Después de lo que ha
llovido, sigue negándose a reconocer la crisis. Habla de “coyuntura
económica claramente adversa”. Pero hasta Solbes ha debido reconocer
que el PIB tenderá a cero en el segundo semestre, al tiempo que 2009
arrojará un panorama incluso peor.
Un
régimen del gran capital El Partido Nacional Republicano ha definido al régimen
juancarlista, desde el punto de vista de la hegemonía social que traduce,
como un régimen del capital financiero y oligopolista, subordinado a los
grandes poderes de Eurolandia. Esto significa dos cosas. Que ese régimen
es incapaz de evitar el estallido de las crisis cíclicas que acompañan a
la forma de vida capitalista, estallido que, además, asume en nuestro
caso formas especialmente virulentas una vez que carecemos de cualquier
autonomía financiera (acuerdos de Maastrique y papel del BCE) y energética.
Y que cualquier gobierno de ese régimen, aunque se llame socialista, no
tiene otra función ante esas crisis que descargarlas sobre el mundo del
trabajo y socializar las pérdidas del capital. Así
lo muestran los “paquetes de medidas” que anuncia Zapatero. “Planes de choque” para rescatar al ladrillo Parte
de esas medidas son pura tomadura de pelo: el plan de “austeridad” en materia de gasto público.
Incluye una congelación salarial
de los altos cargos del ejecutivo zapaterino, después que
desde 2004 el número de los
mismos ha crecido un 55 por ciento (528 en la actualidad
frente a los 341 de 2004). Incorpora, además, una reducción de oferta pública
en la minimizada Administración General del Estado y una ridícula reducción
del gasto corriente de 20 millones de euros. Todo esto se
limita a un recorte del 0,007 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2008. Otra
línea de actuación consiste en una importante inyección de fondos públicos
–unos 65.000 millones de euros-, distribuida en varios ejercicios, en
forma de créditos en condiciones más favorables que las del mercado,
destinada al salvamento de los héroes del ladrillo, inmobiliarias,
promotores y empresas, dándoles salidas a través de la reconversión en
VPO, rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras, etc. ¿Cómo
se financiará este plan de rescate? Solbes
asegura que el superávit en el conjunto de las
Administraciones Públicas y la reducción de la deuda pública conseguida
en los últimos años dan al gobierno de Zapatero un margen de maniobra
para llevar a cabo “nuevas actuaciones discrecionales”. Afirma, sin
que se le caiga la cara de vergüenza, que las cuentas públicas cerrarán
este año con un equilibrio “razonable”. En realidad, tal
“equilibrio” avanza hacia la desaparición del superávit en 2008
–ya se ha esfumado el 80%- e incluso hacia la llegada
del déficit. Por ello, el aumento de los
compromisos financieros anunciados no tiene otra salida que el incremento
de la deuda pública (recaudación de impuestos futuros
por parte del Estado). La
falacia de los pactos sociales Parece que vamos a un colapso global. Cuatro millones
de parados a fines de 2009, inflación galopante, endeudamiento público
astronómico… ¿Zapatero no había previsto esta situación porque
“estaba en las nubes”? Zapatero ha mentido durante casi un año
negando los nubarrones que planeaban sobre la economía, mientras
preparaba lo que considera su alternativa decisiva. Ya anunció durante la
campaña electoral que una de las iniciativas principales de su gobierno
sería la de convocar a los agentes sociales para concertar un gran
acuerdo económico-social.
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Se bosqueja un gran pacto entre
gobierno, patronal y sindicatos. Ya ha tenido lugar una primera toma de
contacto. De momento, consiste en que no se tomará medida alguna que no
sea el resultado de un pacto previo entre esos mismos agentes. Frente a
los “decretazos” de Aznar, el talante de Zapatero. Los
pactos sociales tienen como ingrediente una falaz manipulación del
patriotismo. Hacer pasar por interés nacional el interés de los grupos
hegemónicos, a cambio de prebendas a los aparatos de los
“interlocutores sociales”. El
interés de los trabajadores españoles es el interés general de la
Nación española. Los trabajadores –asalariados, autónomos,
profesiones independientes, negocios familiares- somos la Nación, por número
y por constituir su única fuerza creadora. Banqueros y jerifaltes de
las grandes concentraciones de capital son sólo una ínfima minoría de
parásitos. La estrategia de Zapatero En el momento actual, Zapatero escucha complacido el
griterío tatcheriano del Banco de España, voceros del PP, doctrinarios
neo-liberales de la COPE: supresión del impuesto de Sociedades, rebaja
de las cuotas patronales a la seguridad social, gratuidad total del
despido, eliminación del salario mínimo inter-profesional, vinculación
de la actual crisis económica al sistema de pensiones, acusándolo de
amenazar las finanzas públicas, etc. Esta vociferación salvaje ayudará
al “partido de los pobres” y a su “gobierno de España” a
componer una imagen de moderación y preocupación social, aderezada con
defensa del interés general, afán patriótico y consenso. Al final,
con algún retraso y algunos aspavientos, Rajoy terminará sumándose. La orientación de los nuevos
pactos sociales es clara. Ante todo, la moderación salarial es
importante ya que, según los manuales oficiales, las alzas retributivas
empeoran la inflación y las tensiones inflacionistas afectan
negativamente a la creación de empleo, lo que tendería a intensificar
y prolongar el ajuste económico. Una nueva congelación de los salarios
de los funcionarios es más que probable. Pero, además, se hace
aconsejable una atemperación de las cláusulas de revisión salarial presentes en el sistema de negociación
colectiva, pues fomentan la transformación de los impulsos
inflacionistas que, como todo el mundo sabe, son momentáneos, en
alejamientos duraderos de la senda de moderación salarial. Los
“interlocutores sociales” serán invitados a reflexionar no sólo
sobre el incremento de los costes salariales, sino también sobre la flexibilidad
del mercado de trabajo. Naturalmente, se afirma que se tratará de
compaginar la flexibilidad con la seguridad. Por ello asistiremos a la
exploración de nuevas variantes de los contratos indefinidos-basura
puestas en obra por las últimas reformas laborales de Zapatero. Ninguna
de estas medidas ni otras similares puede amortiguar la crisis. Estas
medidas aprovechan la crisis para crear condiciones de una ulterior
restauración de las tasas de beneficio capitalista. Tras el eufemismo
de la moderación salarial se agazapa el intento de que los trabajadores
disminuyamos poder adquisitivo, participación en la renta nacional y
capacidad de presión social, de modo y manera que nos veamos forzados
aceptar futuros empeoramientos de las condiciones laborales. Los
trabajadores no tenemos la culpa Mientras ha durado la bonanza económica,
los incrementos salariales no llegaban al 4% -apenas han mantenido el
poder adquisitivo-; sin embargo, la mayoría de los beneficios
empresariales se han situado año tras año en tasas de dos dígitos. Si
a alguien no se puede responsabilizar de la crisis ni de la inflación
es a los trabajadores. La moderación que ahora se nos va a exigir la
hemos venido soportando ya durante todo este tiempo. Según un estudio
sobre distribución de rentas de D Julio
Alcaide, nuestro mejor estadístico, durante la legislatura
Zapatero el 60% de las familias perdió renta real. El
origen de la actual crisis se encuentra en el comportamiento de los
salarios. Proviene de la burbuja creada durante todos estos años en el
sector de la construcción y que ahora se ha pinchado al subir los tipos
de intereses y la inflación. Eso sí, con pingües beneficios para
muchas empresas. Tampoco es nuestra culpa el encarecimiento del dinero.
De esto son responsables quienes nos han integrado en el engendro de
Eurolandia y se someten los dictados monetaristas del BCE, funcionales
con los interesas del capital financiero centro-europeo. Y ya hemos
visto el impacto que tiene sobre la inflación la renuncia del vigente régimen
a procurar una cierta autonomía energética. Los
trabajadores no tenemos la culpa, ni nada que pactar. Resistencia Se
impone, por tanto, la resistencia. Si los trabajadores españoles no
plantamos cara no sólo no podremos avanzar hacia objetivos superiores,
que exigen un drástico cambio de régimen social. Vamos incluso a
sufrir un formidable retroceso en las actuales condiciones de trabajo,
ya deplorables. Resistencia a los pactos de moderación salarial, a la
desregularización de los convenios, a las nuevas reformas laborales, a
la disminución progresiva de los gravámenes sobre las rentas de
capital y de los beneficios empresariales, al incremento de la presión
fiscal sobre el consumo, a las desigualdades en retribuciones y
condiciones de trabajo impuestas por los caciques autonómicos… Esa
resistencia no se puede traducir ya en presiones reivindicativas a la
patronal, sino en objetivos políticos contra el gobierno y sus
eventuales “interlocutores sociales”. Y cada vez menos es la huelga
el método de acción apropiado, sobre todo en las actuales
circunstancias de crisis. Es la acción directa y masiva tomando las
calles. No se nos ocultan los obstáculos con que toparemos. El primero de ellos, las grandes centrales sindicales. Éstas no constituyen en modo alguno órganos de defensa de los trabajadores, sino aparatos de preservación del orden social capitalista y parte integrante de su Estado. Viven esencialmente de sus subvenciones. Su función es la de cámaras de intoxicación y dispositivos de control de los asalariados para impedir el desbordamiento de las soluciones del gran capital y su gobierno. En consecuencia, la resistencia a los pactos sociales tendrá que hacer “memoria histórica”. Deberá recuperar formas de acción y democracia directa, basadas en las asambleas y comités electos en las mismas, que permitan la movilización genuina del trabajo y su generalización, echando por la borda a los lugartenientes laborales del Borbón, de Zapatero y de Botín.
Secretaría
General del Partido Nacional Republicano Julio de 2008
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