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Difícilmente se hallarán argumentos de peso que justifiquen la opción
entre el voto al PSOE o al PP. Son matices de lo mismo: el voto al régimen
juancarlista. Ningún gobierno de este régimen puede hacer otra cosa que
sostener la podrida institución monárquica, proseguir la balcanización
de España y la persecución de nuestra lengua común, avanzar en la
anulación de nuestras libertades, someternos a las sentencias de jueces
dependientes de los partidos y descargar las crisis capitalistas sobre los
trabajadores. Tanto más cuando de las elecciones del 9 de marzo sólo
pueden surgir un gobierno del PSOE apoyado por separatistas, o un gobierno
del PP apoyado por separatistas.
Los
hechos son claros: se nos convoca elegir principalmente entre dos
fracciones del partido único de régimen, enzarzadas desde luego en agria
concurrencia por las prebendas del poder, pero unidas por unos consensos básicos.
PRIMERO.
De acuerdo con lo previsto por los “autores intelectuales” del 11-M,
desconocidos para el juez Bermúdez, Zapatero se encaramó en el gobierno.
El PP, tras intentar primero arrimar el ascua a su sardina, culpando sin
pruebas serias a ETA, terminó aceptando la otra patraña, la de autoría
islamista, urdida por los golpistas, e incluso se avino a “cerrar el
tema” con ellos mediante los “suicidios” de Leganés.
SEGUNDO. Zapatero, una vez en el
gobierno, se dispuso a cumplir el encargo que los grandes poderes le habían
encomendado: una reforma subrepticia del actual marco constitucional que
reemplazase la unidad de la Nación española por una confederación de
“naciones” étnicas. Las modificaciones estatutarias se orquestaron en
esa dirección. El PP alzó su protesta, recogió millones de firmas
contra el estatuto de Cataluña…y a continuación se zambulló en la
“hoja de ruta” zapaterina, apoyando la "realidad nacional
andaluza" y aprobando el estatuto valenciano. Este último no
proclamaba abiertamente "nación" a Valencia, pero la implica
forzosamente, pues suponía una significativa privación de sustancia política,
esto es, de poder y soberanía, a la nación española.
TERCERO.
Paralelamente, Zapatero desplegó un "proceso de paz" con ETA (y
de guerra contra las victimas del terrorismo). El PP se limitó a mendigar
la vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, aun a
sabiendas de que Zapatero, que fue quien lo propuso, lo hizo para ocultar
que ya había comenzado su contubernio con ETA. Y que en dicho pacto se
prevén beneficios penitenciarios para los terroristas que repudien la
violencia. Tras el atentado
de Barajas, en diciembre de 2006, Zapatero se vio cada vez más forzado,
para no perder votos, a fingir firmeza contra ETA, aunque siguió
manteniendo expectativas de negociación con ella y ha considerado un
"encuentro fortuíto" el reciente asesinato de dos
guardias civiles desarmados. Ante ese giro “patriótico”, y bajo las
presiones del rey en pro del “consenso anti-terrorista”, el PP ha
tendido la mano al gobierno y se halla dispuesto a "derrotar a
ETA" junto con Zapatero, Rubalcaba y Pepiño Blanco, sin ninguna
condición previa.
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CUARTO.
El juez Gómez Bermúdez dicta una sentencia sobre el 11-M que considera
"hechos probados" la mayoría de mentiras de la versión del
PSOE. El PP acata esta sentencia de “punto final”
y llama a girar página en torno al asunto.
QUINTO. Zapatero ordenó la
retirada de tropas de Iraq por motivos puramente electorales, pues a
continuación reforzó nuestra presencia en Afganistán. A ello sumó el
envío de contingentes a Sarajevo (Bosnia), Marjayún (Líbano), Istok (Kosovo),
Manas (Kirguistán) y República Democrática del Congo. Todas esas
iniciativas, obedientes a los designios de las grandes potencias y
completamente ajenas a nuestros intereses nacionales, han contado con el
apoyo entusiasta de Rajoy. Lo mismo ha sucedido con el apoyo al sí en
el referéndum sobre la Constitución de la Eurolandia de los
monopolios.
SEXTO. Zapatero ha llevado adelante una política económica basada en el
ladrillo y el consumo privado, brutal
endeudamiento familiar, precariedad laboral, estancamiento de los
salarios que, junto con el resto de condiciones de trabajo han sido
presionados a la baja por la entrada masiva de inmigrantes, y
crecimiento de las desigualdades sociales. Frente a esta política, que
hoy desemboca en el auge del paro y de la inflación y en un colosal déficit
exterior, el PP no tiene nada serio que decir pues es, precisamente, la
política que inauguró Aznar. Sólo
le resta mostrar alborozo cuando Zapatero acentúa el carácter
regresivo de nuestro sistema fiscal suprimiendo el impuesto de
Patrimonio.
No hay, por tanto, motivos para votar a favor de ningún
gobierno del juancarlismo. Existen en cambio cada vez más motivos para
derrocar a ese régimen antinacional, antidemocrático y antisocial. ¿En
nombre de qué? Lo ha dicho Esperanza Aguirre: en nombre de “la Nación
española de hombres libres e iguales”. Pero aclaramos a la Sra.
Aguirre que esto sólo puede ser la república española única e
indivisible. Y que sólo hay un camino hacia esa meta: el de las
movilizaciones populares, situándolas a un nivel superior a las
desarrolladas en los últimos años y, sobre todo, depurándolas de los
engaños constitucionalistas del 78.
Ello implica un esfuerzo de deslegitimación del todos
los partidos del régimen, y las elecciones del 9 de marzo pueden ser
excelente ocasión para ello. El voto en blanco es
el instrumento adecuado. Es la forma política activa de oponer la
ruptura democrática al consenso de la partitocracia coronada.
Al llamar a votar en blanco en las elecciones
generales y andaluzas del 9 de marzo, el Partido Nacional Republicano no
desea sembrar falsas ilusiones. El incremento de los votos en blanco
–que en los últimos comicios municipales han sumado cuatrocientos mil
y pico- no va a resolver de inmediato la crisis nacional global que
padecemos. Pero sí facilitará el agrupamiento de las fuerzas que
pueden comenzar a resolver esa crisis frente a cualquier gobierno que
salga de las urnas del 9 de marzo.
Secretaría
General del
Partido
Nacional Republicano
Enero
de 2008
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